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Congreso de EU formaliza proceso para destitución de Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló este viernes que es posible que otras controversias formen parte de la investigación del juicio político al presidente estadunidense Donald Trump, más allá del caso Ucrania y consideró que las audiencias públicas podrían comenzar este mes.

Pelosi aseguró que aún “ni siquiera hemos tomado la decisión de destituir. De esto se trata una consulta», en referencia a las investigaciones del juicio político.

La declaración de Pelosi, líder la bancada demócrata, se da en referencia a que la Cámara de Representantes aprobó el jueves una resolución que formaliza los procedimientos para la investigación de un juicio político contra el presidente Trump.

Además, para realizar audiencias abiertas en los comités de Inteligencia y Judicial de la Cámara y para publicar la transcripción de los testimonios de quienes han acudido a declarar sobre el caso Ucrania

En entrevista con Bloomberg, Pelosi enfatizó que la decisión sobre los artículos de juicio político dependerá de los comités legislativos que manejan la investigación y confió en que las audiencias públicas comiencen este mes, tras aclarar que no hay una fecha límite para terminar la investigación.

La líder demócrata no descartó la posibilidad de que surjan acusaciones de obstrucción de la justicia contra Trump, en especial respecto al informe del ex asesor especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones estadunidenses de 2016.

De lo que estamos hablando ahora es de llevarnos a otra clase de objeción a lo que ha hecho el presidente. Y puede haber otras: hubo 11 disposiciones de obstrucción de la justicia en el informe de Mueller. Quizás algunas de ellas serán parte de esto», consideró Pelosi.

Sin embargo, aclaró que «eso será parte de la investigación, para ver a dónde vamos”, indicó.

Mueller no concluyó si Trump obstruyó la justicia, pero presentó al menos diez casos en los que pudo haberlo hecho.

Cámara baja asesta otro golpe a Trump

La investigación de juicio político se ha centrado hasta ahora en descubrir los tratos de Trump con Ucrania y si instituyó un “quid pro quo” (un favor por otro favor) para la ayuda militar de Estados Unidos a Kiev a cambio de que se investigara a sus oponentes políticos.

Los demócratas iniciaron una investigación en la Cámara de Representantes centrada en una llamada telefónica entre Tump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante la cual el mandatario estadunidense le pide a Kiev investigar los negocios del ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden.

El proceso se centra en parte en investigar si Trump retuvo la ayuda militar a Ucrania para presionarla sobre la investigación a Biden por motivos políticos, ya que el ex vicepresidente se posiciona como el candidato demócrata con mayores posibilidades de enfrentar a Trump, quien buscará su reelección, en los comicios de noviembre de 2020.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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