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México

Congreso de Oaxaca determinó que los certámenes de belleza son un tipo de violencia simbólica

De nueva cuenta, el Congreso local del estado de Oaxaca causó revuelo en redes sociales tras aprobar que los certámenes de belleza y concursos que promuevan estereotipos sexistas o discriminen las características físicas, sean considerados violencia simbólica.

Así lo dio a conocer el órgano legislativo en redes sociales. De tal manera, que se adicionó el artículo 18 Bis de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

Para reforzar la determinación, se prohibió el uso de recursos públicos en este tipo de actos donde se evalúen las características físicas de niñas, adolescentes y mujeres.

Aunado a esto, la reforma impide que las instituciones gubernamentales consideren estos eventos como campañas de promoción turística o publicidad oficial.

Dicha prohibición aplica para municipios, dependencias estatales así como órganos autónomos, quienes no podrán destinar publicidad oficial o subsidios para la promoción de estas actividades.

Fue la diputada Magaly López Domínguez, integrante del grupo parlamentario de Morena, la encargada de impulsar dicha iniciativa (Foto: Twitter@CongresoOaxLXIV)Fue la diputada Magaly López Domínguez, integrante del grupo parlamentario de Morena, la encargada de impulsar dicha iniciativa (Foto: Twitter@CongresoOaxLXIV)

Fue la diputada Magaly López Domínguez, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la encargada de impulsar esta iniciativa, misma que fue dictaminada por la Comisión Permanente de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura de Oaxaca.

Y es que, el Congreso en turno se ha caracterizado por promover leyes que benefician a minorías y a grupos en riesgo, tal es el caso de lo sucedido el pasado mes de agosto, cuando la entidad federativa se convirtió en la primera a nivel nacional en la que las niñas, niños y adolescentes pueden acceder al trámite administrativo para el reconocimiento de su identidad de género. Si bien ya había otros siete estados en el país que permitían realizar el cambio, Oaxaca se convirtió en el primero en abrir el procedimiento a menores.

La iniciativa fue presentada por la diputada por Santa Cruz Xoxocotlán, Magali López, de Morena, quien actualmente preside la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Además, la legisladora también impulsó la ley que prohíbe la venta de alimentos y bebidas de alto contenido calórico a menores de edad, así como la legalización del matrimonio igualitario.

Por otra parte, en 2019, el estado se convirtió en la segunda entidad, después de la Ciudad de México, en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Con esta modificación, el poder legislativo local busca iniciar un cambio importante para el acceso a la salud reproductiva y las mujeres en la región.

En 2019, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad del país en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación (Foto: Reuters / Edgard Garrido/File Photo)En 2019, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad del país en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación (Foto: Reuters / Edgard Garrido/File Photo)

De acuerdo con datos de organizaciones dedicadas al tema, antes de dicha reforma, hasta un 80% de las muertes de mujeres en Oaxaca pudieron haber sido evitadas.

Algo parecido sucedió recientemente en Hidalgo, en donde después de un primer intento, el Congreso local aprobó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Con 16 votos a favor, una abstención y ocho votos en contra, dicho órgano dio luz verde a las modificaciones al Código Penal del estado y la Ley de Salud.

La iniciativa en cuestión fue propuesta por la diputada del partido guinda, Roxana Montealegre. Se trata de la segunda vez que la propuesta llega a los legisladores de Hidalgo. La primera fue rechazada ya en el Pleno durante el 2019 con 15 votos en contra, 10 a favor y 5 abstenciones.

Cabe señalar que la oposición no votó la iniciativa, mientras que quienes emitieron su voto a favor fueron 16 diputados del grupo parlamentario de Morena.

La reforma también contempla una modificación a la Ley de Salud, con la que busca que instituciones públicas, privadas y sociales públicas deberán proveer el servicio para la interrupción legal del embarazo de forma gratuita y en condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de las mujeres.

México

Titular de Hacienda trabajó en casa de bolsa señalada por EU por lavado de dinero; Hacienda niega vínculos

Ciudad de México.– Edgar Amador Zamora, actual secretario de Hacienda y Crédito Público, trabajó en Vector Casa de Bolsa, institución financiera recientemente sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente participar en esquemas de lavado de dinero vinculados a cárteles del narcotráfico mexicanos.

La trayectoria de Amador Zamora en Vector fue destacada públicamente por la Secretaría de Hacienda el pasado 8 de marzo en la red social X, como parte de su perfil profesional tras ser nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum en sustitución de Rogelio Ramírez de la O.

Vector Casa de Bolsa también ha sido relacionada con el empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020. Según el Registro Público de Comercio, Romo figura como accionista fundador de Vector, además de haber sido su consultor y presidente honorario de Vector Empresas.

Este miércoles, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la prohibición de transacciones financieras con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Las identificó como entidades implicadas en el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico y en la facilitación de pagos para adquirir precursores químicos destinados a la producción de fentanilo.

Ante el señalamiento, la Secretaría de Hacienda respondió con un comunicado en el que afirma no contar con información que vincule a estas instituciones financieras con actividades ilícitas. La dependencia indicó que ha solicitado formalmente al gobierno estadounidense pruebas que sustenten las acusaciones, sin que hasta ahora haya recibido documentación.

“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley”, advirtió la dependencia.

Por su parte, Vector aseguró en días recientes que las operaciones señaladas fueron realizadas con “empresas legalmente constituidas”, y defendió la legalidad de sus actividades, sin emitir comentarios específicos sobre las sanciones impuestas.

Las acusaciones del gobierno estadounidense y la vinculación indirecta del actual secretario de Hacienda con una de las entidades implicadas abren un nuevo frente de escrutinio sobre los vínculos entre el sistema financiero mexicano y las redes del crimen organizado, justo cuando el nuevo gobierno federal busca enviar señales de confianza a los mercados e inversionistas internacionales.

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