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México

Congreso de Oaxaca determinó que los certámenes de belleza son un tipo de violencia simbólica

De nueva cuenta, el Congreso local del estado de Oaxaca causó revuelo en redes sociales tras aprobar que los certámenes de belleza y concursos que promuevan estereotipos sexistas o discriminen las características físicas, sean considerados violencia simbólica.

Así lo dio a conocer el órgano legislativo en redes sociales. De tal manera, que se adicionó el artículo 18 Bis de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

Para reforzar la determinación, se prohibió el uso de recursos públicos en este tipo de actos donde se evalúen las características físicas de niñas, adolescentes y mujeres.

Aunado a esto, la reforma impide que las instituciones gubernamentales consideren estos eventos como campañas de promoción turística o publicidad oficial.

Dicha prohibición aplica para municipios, dependencias estatales así como órganos autónomos, quienes no podrán destinar publicidad oficial o subsidios para la promoción de estas actividades.

Fue la diputada Magaly López Domínguez, integrante del grupo parlamentario de Morena, la encargada de impulsar dicha iniciativa (Foto: Twitter@CongresoOaxLXIV)Fue la diputada Magaly López Domínguez, integrante del grupo parlamentario de Morena, la encargada de impulsar dicha iniciativa (Foto: Twitter@CongresoOaxLXIV)

Fue la diputada Magaly López Domínguez, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la encargada de impulsar esta iniciativa, misma que fue dictaminada por la Comisión Permanente de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura de Oaxaca.

Y es que, el Congreso en turno se ha caracterizado por promover leyes que benefician a minorías y a grupos en riesgo, tal es el caso de lo sucedido el pasado mes de agosto, cuando la entidad federativa se convirtió en la primera a nivel nacional en la que las niñas, niños y adolescentes pueden acceder al trámite administrativo para el reconocimiento de su identidad de género. Si bien ya había otros siete estados en el país que permitían realizar el cambio, Oaxaca se convirtió en el primero en abrir el procedimiento a menores.

La iniciativa fue presentada por la diputada por Santa Cruz Xoxocotlán, Magali López, de Morena, quien actualmente preside la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Además, la legisladora también impulsó la ley que prohíbe la venta de alimentos y bebidas de alto contenido calórico a menores de edad, así como la legalización del matrimonio igualitario.

Por otra parte, en 2019, el estado se convirtió en la segunda entidad, después de la Ciudad de México, en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Con esta modificación, el poder legislativo local busca iniciar un cambio importante para el acceso a la salud reproductiva y las mujeres en la región.

En 2019, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad del país en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación (Foto: Reuters / Edgard Garrido/File Photo)En 2019, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad del país en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación (Foto: Reuters / Edgard Garrido/File Photo)

De acuerdo con datos de organizaciones dedicadas al tema, antes de dicha reforma, hasta un 80% de las muertes de mujeres en Oaxaca pudieron haber sido evitadas.

Algo parecido sucedió recientemente en Hidalgo, en donde después de un primer intento, el Congreso local aprobó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Con 16 votos a favor, una abstención y ocho votos en contra, dicho órgano dio luz verde a las modificaciones al Código Penal del estado y la Ley de Salud.

La iniciativa en cuestión fue propuesta por la diputada del partido guinda, Roxana Montealegre. Se trata de la segunda vez que la propuesta llega a los legisladores de Hidalgo. La primera fue rechazada ya en el Pleno durante el 2019 con 15 votos en contra, 10 a favor y 5 abstenciones.

Cabe señalar que la oposición no votó la iniciativa, mientras que quienes emitieron su voto a favor fueron 16 diputados del grupo parlamentario de Morena.

La reforma también contempla una modificación a la Ley de Salud, con la que busca que instituciones públicas, privadas y sociales públicas deberán proveer el servicio para la interrupción legal del embarazo de forma gratuita y en condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de las mujeres.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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