Cuando parecía que el caso AeroShow había quedado en las gavetas empolvadas de la justicia, ahora el Congreso del Estado se puso enérgico contra las autoridades que resulten responsables e intentará inhabilitar a todos, especialmente al alcalde Marco Adán Quezada.
El ex edil a pesar de que sí tiene responsabilidad al igual que los otros funcionarios, ya puso un amparo pues todo apunta a que más que un reclamo de justicia por parte de los diputados, es una orden por parte del Gobierno del Estado para dejarlo fuera de las próximas elecciones a gobernador.
Esto no parecería un cuento disparatado de Quezada si a todos los casos de fraude, corrupción, violencia y un sinfín de delitos protagonizados por las propias autoridades se les diera el mismo seguimiento. Por ejemplo, ¿por qué el Congreso del Estado, en su mayoría priista, se ha negado a llamar a rendir cuentas al gobernador César Duarte cuando la deuda del Estado ha crecido un 233 por ciento?
«Estoy convencido que la motivación de esta intención no obedece ni a la justicia ni a la legalidad…estoy convencido de que se trata de una descalificación previa y creemos que la competencia debe darse en las urnas y no en la tribuna del Congreso del Estado”, señaló Quezada.
En el PRI es bien claro que se está a favor del gobernador o se está en contra, y Marco no ha estado muy del lado de Duarte y eso es una piedrita en el zapato que deben silenciar de alguna forma. Desde el Congreso, el coordinador de los priistas, Rodrigo de la Rosa, dijo sentirse intimidado por las muestras de protesta que este ordenamiento ha desatado en el bando que apoya a Quezada.
La diputada Hortensia Aragón, perredista pero más priista que todos juntos, dijo a viva voz que se inhabilite a Marco, que es lo menos que merece. Hasta el alcalde de Juárez, Enrique Serrano, que no tiene nada qué ver con el caso también metió su cuchara y dijo que Marco no debe hacer caras por las órdenes del H. Congreso del Estado, que sea responsable y se aguante.
Lo más lamentable de este caso es que todo se inclina a los fines políticos y no de justicia, porque si hubiera ánimos de justicia las familias desde hace mucho ya habrían sido indemnizadas y todos los culpables estaría pagando su responsabilidad, no sólo Panchito, el conductor de la troca monstruo.
Mientras tanto, dos de las aspirantes a la gubernatura por el tricolor, Lilia Merodio y Graciela Ortiz, acompañaron al mandatario en el presídium del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat en Palacio de Gobierno, una a cada lado. También estuvieron otros dos candidateables: Javier Garfio y Miguel Salcido.
En el PAN ya están listos para la elección de este domingo a la dirigencia nacional del partido que se disputará entre el chihuahuense Javier Corral y el favorito de Gustavo Madero, Ricardo Anaya. Corral hará una pequeña gira el sábado por Ciudad Juárez y la capital, donde llevará a cabo su cierre de campaña.
Los dados están arrojados a favor de Anaya, pues tiene de aliados a los pesados del yunque, pero Corral no se dejará intimidar y si las elecciones son por demás disparejas, no dudemos que impugne el proceso.
Los que luego del paro de labores ya pudieron sentarse a firmar un convenio con el Infonavit, fueron los trabajadores de la Coordinadora de Transporte Colectivo, quienes acordaron su regularización con tal de que no hicieran un nuevo paro que tenían planeado para este viernes.
Quienes marcharán hacia el Palacio de Gobierno para reunirse en la Cruz de Clavos, son los familiares de desaparecidos en el norte del país, con el fin de relatar sus casos y hacerlos visibles luego de varios años de impunidad, para que estos puedan ser tomados en cuenta para la legislación sobre las desapariciones forzadas.
El encuentro va encaminado a activar procesos de búsqueda y justicia, así como a fomentar el autocuidado y acompañamiento psicosocial. Chihuahua cuenta con un registro de más de mil 500 personas desaparecidas, muchas de ellas que han sido localizadas en fosas clandestinas pero que no han podido ser identificadas.