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Política

Congreso de Quintana Roo deroga ley anticorrupción

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El Congreso de Quintana Roo canceló este martes la aprobación de una serie de reformas muy criticadas por la oposición, entidades civiles y el propio Ejecutivo Federal porque podían destinarse a proteger el gobernador saliente, si bien dejó intactas otras medidas.

«Con modificaciones en lo particular, se aprueban reformas y derogaciones a Ley Orgánica del poder judicial y a la Constitución de Quintana Roo», informó el Congreso del Estado vía Twitter.

De esta manera, quedó sin efecto la creación del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo y los nombramientos de Minerva Maribel Moreno Cruz, Cesar Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar como magistrados.

Esta decisión fue interpretada como un «blindaje» para el gobernador Roberto Borge, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien dejará el cargo el próximo 25 de septiembre.

Por ello, la Fiscalía General de México presentó el pasado 11 de julio ante la Suprema Corte de Justicia acciones de inconstitucionalidad en contra de las recientes reformas aprobadas en los estados de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua.

El portavoz del gobierno, Eduardo Sánchez, aseguró en conferencia de prensa que «ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley».

Se presentaron acciones de inconstitucionalidad para Quintana Roo y Veracruz «para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)», señaló el vocero.

Posteriormente, Borge se reunió con la fiscal general, Arely Gómez, y se mostró predispuesto a abrogar o derogar las iniciativas que generaron la acción de inconstitucionalidad.

Estas modificaciones fueron presentadas ete martes por el gobernador saliente y aprobadas por la mayoría de diputados locales.

No obstante, los legisladores ratificaron a Carlos Arturo Álvarez como el nuevo fiscal general de justicia estatal, y este punto también fue criticado por la PGR porque se decidió sustituir la actual Procuraduría de Justicia estatal y, en el nuevo organismo, el titular tendrá un cargo de siete años.

 

 

Publimetro

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Maru Campos pone orden rumbo a 2027: advierte salidas del gabinete y defiende contrapesos en el Congreso

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, marcó una línea clara tanto al interior de su gobierno como en el debate político nacional, al advertir que los integrantes de su gabinete que busquen una candidatura deberán dejar sus cargos y, al mismo tiempo, pronunciarse en contra de la eliminación total de los diputados federales plurinominales.

En declaraciones recientes, la mandataria estatal reiteró que su administración está enfocada en dar resultados y que nadie puede aspirar a un cargo mayor sin haber cumplido primero con su responsabilidad actual. Señaló que los funcionarios con aspiraciones electorales rumbo a 2027 deberán separarse del puesto, ya que no es posible combinar el ejercicio del gobierno con una campaña política.

Campos Galván subrayó que la definición de candidaturas corresponde exclusivamente al Partido Acción Nacional, mediante procesos como elecciones abiertas, primarias o encuestas, y descartó cualquier tipo de favoritismo. Insistió en que la competencia interna debe basarse en desempeño y resultados, no en afinidades personales.

Ante este escenario, adelantó que en los próximos meses podrían registrarse vacantes en el gabinete estatal, derivadas de quienes decidan participar en los procesos electorales. No obstante, fuentes cercanas al gobierno indicaron que no se prevén cambios generales, sino únicamente ajustes relacionados con aspiraciones políticas.

En paralelo, la gobernadora fijó postura frente a la propuesta de eliminar a los diputados federales plurinominales. Consideró que una desaparición total de esta figura afectaría la representación de partidos minoritarios y emergentes en el Congreso de la Unión, especialmente en un contexto de concentración de poder.

Recordó que las diputaciones de representación proporcional surgieron con la reforma electoral de 1977 para abrir espacios a fuerzas políticas distintas al partido dominante de aquella época. Si bien reconoció que el esquema puede revisarse y ajustarse, advirtió que eliminarlo por completo dañaría el equilibrio democrático y la razón de ser de este mecanismo.

Con estas declaraciones, Maru Campos envió un mensaje doble: disciplina y resultados al interior de su gobierno, y defensa de los contrapesos institucionales en el ámbito legislativo, en un momento clave de definición política rumbo al próximo ciclo electoral.

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