El Congreso de Quintana Roo canceló este martes la aprobación de una serie de reformas muy criticadas por la oposición, entidades civiles y el propio Ejecutivo Federal porque podían destinarse a proteger el gobernador saliente, si bien dejó intactas otras medidas.

«Con modificaciones en lo particular, se aprueban reformas y derogaciones a Ley Orgánica del poder judicial y a la Constitución de Quintana Roo», informó el Congreso del Estado vía Twitter.

De esta manera, quedó sin efecto la creación del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo y los nombramientos de Minerva Maribel Moreno Cruz, Cesar Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar como magistrados.

Esta decisión fue interpretada como un «blindaje» para el gobernador Roberto Borge, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien dejará el cargo el próximo 25 de septiembre.

Por ello, la Fiscalía General de México presentó el pasado 11 de julio ante la Suprema Corte de Justicia acciones de inconstitucionalidad en contra de las recientes reformas aprobadas en los estados de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua.

El portavoz del gobierno, Eduardo Sánchez, aseguró en conferencia de prensa que «ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley».

Se presentaron acciones de inconstitucionalidad para Quintana Roo y Veracruz «para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)», señaló el vocero.

Posteriormente, Borge se reunió con la fiscal general, Arely Gómez, y se mostró predispuesto a abrogar o derogar las iniciativas que generaron la acción de inconstitucionalidad.

Estas modificaciones fueron presentadas ete martes por el gobernador saliente y aprobadas por la mayoría de diputados locales.

No obstante, los legisladores ratificaron a Carlos Arturo Álvarez como el nuevo fiscal general de justicia estatal, y este punto también fue criticado por la PGR porque se decidió sustituir la actual Procuraduría de Justicia estatal y, en el nuevo organismo, el titular tendrá un cargo de siete años.

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