CARACAS, Venezuela (AP).- La Asamblea Nacional venezolana aprobó este lunes una declaratoria de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro por el supuesto incumplimiento de sus funciones, proceso que objetó previamente el Tribunal Supremo de Justicia.

El tribunal había pedido a los congresistas abstenerse de dictar cualquier acto que esté al margen de sus atribuciones constitucionales.

La mayoría opositora del Congreso aprobó, por 106 votos a favor, una declaratoria de abandono del cargo de Maduro por estar “al margen del diseño y funciones constitucionales de la presidencia”, señala el texto del acuerdo. No se reportaron los votos en contra de los legisladores del oficialismo. La Asamblea está integrada por 163 congresistas de los cuales 109 son de la oposición y el resto del oficialismo.

La oposición justificó el proceso contra el mandatario alegando que hay una “grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de los derechos humanos, la devastación de las bases económicas y sociales de la nación”.
“La única forma de resolver las graves problemas que aquejan al país es devolver el poder al pueblo y convocar a elecciones libres y plurales”, concluye el acuerdo.

Al final del debate el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, hizo un llamado a las autoridades: “Permitan que sea el pueblo venezolano el que pueda con el voto solucionar la grave crisis económica, social y política que padece la familia venezolana”.

Aunque la Asamblea Nacional tiene la potestad constitucional para declarar el abandono del cargo es muy posible que el Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar controlado por el gobierno, dicte una sentencia que podría paralizar o dejar sin efecto ese proceso.

Al final de la sesión, el jefe de la bancada oficialista, diputado Héctor Rodríguez, dijo a la prensa que era una “barbaridad” y una “locura” que con 106 votos se declare el abandono del cargo del presidente, y sostuvo que el proceso “no va tener ningún efecto jurídico, ni político más allá de un intento fallido de golpe de Estado”.

La mayoría opositora de la Asamblea busca acelerar el fin del mandato de Maduro, a quien acusa de incumplir sus deberes constitucionales y ser el responsable de la compleja crisis económica que atraviesa el país. Durante el año pasado, la coalición opositora promovió un proceso de referendo revocatorio del mandato de Maduro que fue suspendido en octubre pasado por las autoridades judiciales y electorales.

Las próximas horas serán determinantes para la oposición debido a que el 10 de enero Maduro alcanzará más de la mitad de su mandato, lo que anula cualquier posibilidad de convocar a elecciones anticipadas. La constitución establece que si ocurriera la salida del presidente de su cargo o su fallecimiento durante los últimos dos años de gobierno, ese período deberá ser completado por el vicepresidente.

El Tribunal Supremo de Justicia objetó en un comunicado el anuncio de la mayoría opositora del Congreso y recordó una sentencia del mes pasado en la que ordenó a los diputados abstenerse de continuar el proceso de declaratoria de responsabilidad política y de “dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales”. Asimismo, la institución hizo un llamado a utilizar la vía del diálogo para dirimir las diferencias políticas y cumplir los deberes constitucionales.

“Nada me sacará ni me distraerá de lograr mi objetivo: la recuperación de la economía”, afirmó la víspera el mandatario durante su programa dominical “Contacto con Maduro”, en el que anunció la creación un comando nacional que actuará contra los sectores “golpistas y terroristas” del país.

El académico y abogado constitucionalista, José Vicente Haro, dijo que de aprobar la Asamblea Nacional por mayoría simple la declaratoria de abandono del cargo y de publicarse la decisión en la Gaceta Legislativa su efecto sería inmediato. Sin embargo, agregó que podría ser sometida a una revisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que podría anular el proceso.

La Corte anuló el mes pasado una declaratoria de responsabilidad política de Maduro que había aprobado el Congreso.