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Congreso venezolano aprueba abandono del cargo de Maduro

CARACAS, Venezuela (AP).- La Asamblea Nacional venezolana aprobó este lunes una declaratoria de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro por el supuesto incumplimiento de sus funciones, proceso que objetó previamente el Tribunal Supremo de Justicia.

El tribunal había pedido a los congresistas abstenerse de dictar cualquier acto que esté al margen de sus atribuciones constitucionales.

La mayoría opositora del Congreso aprobó, por 106 votos a favor, una declaratoria de abandono del cargo de Maduro por estar “al margen del diseño y funciones constitucionales de la presidencia”, señala el texto del acuerdo. No se reportaron los votos en contra de los legisladores del oficialismo. La Asamblea está integrada por 163 congresistas de los cuales 109 son de la oposición y el resto del oficialismo.

La oposición justificó el proceso contra el mandatario alegando que hay una “grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de los derechos humanos, la devastación de las bases económicas y sociales de la nación”.
“La única forma de resolver las graves problemas que aquejan al país es devolver el poder al pueblo y convocar a elecciones libres y plurales”, concluye el acuerdo.

Al final del debate el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, hizo un llamado a las autoridades: “Permitan que sea el pueblo venezolano el que pueda con el voto solucionar la grave crisis económica, social y política que padece la familia venezolana”.

Aunque la Asamblea Nacional tiene la potestad constitucional para declarar el abandono del cargo es muy posible que el Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar controlado por el gobierno, dicte una sentencia que podría paralizar o dejar sin efecto ese proceso.

Al final de la sesión, el jefe de la bancada oficialista, diputado Héctor Rodríguez, dijo a la prensa que era una “barbaridad” y una “locura” que con 106 votos se declare el abandono del cargo del presidente, y sostuvo que el proceso “no va tener ningún efecto jurídico, ni político más allá de un intento fallido de golpe de Estado”.

La mayoría opositora de la Asamblea busca acelerar el fin del mandato de Maduro, a quien acusa de incumplir sus deberes constitucionales y ser el responsable de la compleja crisis económica que atraviesa el país. Durante el año pasado, la coalición opositora promovió un proceso de referendo revocatorio del mandato de Maduro que fue suspendido en octubre pasado por las autoridades judiciales y electorales.

Las próximas horas serán determinantes para la oposición debido a que el 10 de enero Maduro alcanzará más de la mitad de su mandato, lo que anula cualquier posibilidad de convocar a elecciones anticipadas. La constitución establece que si ocurriera la salida del presidente de su cargo o su fallecimiento durante los últimos dos años de gobierno, ese período deberá ser completado por el vicepresidente.

El Tribunal Supremo de Justicia objetó en un comunicado el anuncio de la mayoría opositora del Congreso y recordó una sentencia del mes pasado en la que ordenó a los diputados abstenerse de continuar el proceso de declaratoria de responsabilidad política y de “dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales”. Asimismo, la institución hizo un llamado a utilizar la vía del diálogo para dirimir las diferencias políticas y cumplir los deberes constitucionales.

“Nada me sacará ni me distraerá de lograr mi objetivo: la recuperación de la economía”, afirmó la víspera el mandatario durante su programa dominical “Contacto con Maduro”, en el que anunció la creación un comando nacional que actuará contra los sectores “golpistas y terroristas” del país.

El académico y abogado constitucionalista, José Vicente Haro, dijo que de aprobar la Asamblea Nacional por mayoría simple la declaratoria de abandono del cargo y de publicarse la decisión en la Gaceta Legislativa su efecto sería inmediato. Sin embargo, agregó que podría ser sometida a una revisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que podría anular el proceso.

La Corte anuló el mes pasado una declaratoria de responsabilidad política de Maduro que había aprobado el Congreso.

Dinero

Demandan a Mexicana de Aviación por más de 800 mdd

SAT Aero Holdings señaló que Mexicana rompió su acuerdo al no pagar más de 5.5 mdd para arrendar los primeros aviones.

SAT Aero Holdings señaló que Mexicana rompió su acuerdo al no pagar más de 5.5 mdd para arrendar los primeros aviones.

La nueva aerolínea estatal de México, Mexicana de Aviación, fue demandada por la firma que el Gobierno contrató para gestionar el arrendamiento de aviones y contratar las tripulaciones, señalando que la falta de cooperación de la aerolínea puso en peligro a toda la compañía, de acuerdo con una nota publicada este miércoles por Bloomberg.

SAT Aero Holdings, conocida anteriormente como Petrus Aero Holdings, presentó la demanda, en un tribunal federal de Nueva York, en reclamación de daños y perjuicios por el monto total de su contrato de 838.5 millones de dólares (mdd), más otros 2.4 millones en costos, de acuerdo con dicha agencia de noticias.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en diciembre el inicio de operaciones de Mexicana, luego de comprar el nombre a la empresa que dejó de volar en 2010. El Gobierno la ha comercializado como una nueva aerolínea de lista de bajos costos para competir con Volaris y Viva Aerobús. La compañía registró 160 vuelos en enero, según estadísticas gubernamentales”, publicó Bloomberg.

López Obrador, de acuerdo con la agencia, dijo el año pasado que el Gobierno buscaba arrendar inicialmente 10 aviones Boeing 737, pero Mexicana ahora alquila al menos una parte de sus aviones a otro avión regional, TAR Aerolíneas.

En la denuncia, añadió la plataforma de noticias, el SAT fue contratado por la Secretaría de la Defensa Nacional para prestar servicios que incluían la adquisición de aeronaves y seguros, la contratación y formación de pilotos y tripulación y la organización del mantenimiento de las aeronaves. Según el medio especializado, la empresa declaro que se entendía que compraría aviones para Mexicana, y que el Gobierno asumiría en última instancia el costo.

“Sin embargo, señaló que Mexicana rompió su acuerdo al no pagar más de 5.5 mdd en depósitos para que el SAT pudiera arrendar los dos primeros de los 10 aviones”.

La empresa afirmó que “siguió adelante” y trató de “hacer todo lo posible para mantener la importante relación comercial a largo plazo”, mientras seguía negociando los contratos de arrendamiento.

“Desafortunadamente, después de que el SAT pasara meses negociando los documentos de financiación y arrendamiento pertinentes con el banco y los arrendadores potenciales, la aerolínea se negó a firmar los documentos con estas instituciones”, comentó la arrendadora en la demanda según el medio citado.

“SAT se ha esforzado por trabajar con la Secretaría de la Defensa Nacional para resolver estos problemas. Sin embargo, en lugar de subsanar estos incumplimientos, Mexicana de Aviación ha intentado imponer sanciones económicas al SAT y responsabilizarla de la no entrega de ninguna de las aeronaves identificadas”, detalló.

La Secretaría de Defensa Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

 

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