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Congresos aprueban reformas a modo rumbo al 2021

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La emergencia epidemiológica no impide que en las entidades se hagan reformas a modo rumbo a la batalla electoral del próximo año.

En el lapso de la pandemia, al menos 20 congresos locales han aprovechado la mayoría de Morena para modificar leyes electorales locales y así favorecer al partido gobernante o incluso al propio órgano legislativo.

Si bien no son reformas como la Ley Bonilla, que buscaba ampliar el periodo de gobierno en Baja California, estados como Tabasco, Morelos, Puebla y Veracruz aprobaron –o aprobarán– cambios para desaparecer instancias electorales, avalar la intervención gubernamental en los organismos encargados de los comicios, reducir recursos a partidos y crecer el número de legisladores, entre otros.

En Chiapas, por ejemplo, el Congreso recién aprobó modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que permitirán votar a las personas privadas de la libertad y a los prófugos de la justicia. Además, aumentó los requisitos para las candidaturas independientes.

CONGRESOS ACOMODAN LEYES ELECTORALES PARA 2021

De cara al inicio del año comicial 2021, los Congresos de 20 estados han hecho reformas a la legislación electoral local, aprovechando el uso de las mayorías diputacionales, para favorecer a los partidos locales gobernantes o al propio órgano legislativo.

Durante el periodo de la pandemia por el covid-19, las Legislaturas de 20 entidades, que en su mayoría son Congresos dominados por Morena, realizaron reformas legales que se aplicarán en los próximos procesos electorales.

Aunque no han hecho modificaciones legales de alcances como los que pretendía la Ley Bonilla, para ampliar el periodo de gobierno, en estados como Tabasco, Morelos, Puebla y Veracruz han avalado –o están por hacerlo– cambios para la desaparición de instancias electorales, la intervención gubernamental en los organismos encargados de los comicios, la reducción de recursos a los partidos y el incremento en el número de legisladores, entre otros.

La legislación prevé que no se realicen modificaciones a las leyes electorales federales y locales 90 días antes del inicio del proceso electoral.

En los Congresos de Baja California, Campeche, Chiapas y Sinaloa hicieron reformas para cambiar las fechas del inicio del proceso electoral.

En los órganos legislativos de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán avalaron reformas contra la violencia política de género y para garantizar la paridad en las contiendas electorales.

En el caso de Baja California, el Congreso local intentó impulsar una reforma que denominaron la Ley Bonilla II, que pretendía acotar de seis a tres años el periodo del próximo gobernador, la cual no fue aprobada, pero los diputados locales dieron luz verde a la eliminación de los diputados plurinominales, por lo que ahora los 25 legisladores locales deberán ser votados.

En Chiapas, el Congreso con mayoría morenista recién aprobó modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que permitirán votar a las personas privadas de la libertad y a los prófugos de la justicia. Además, aumenta los requisitos para las candidaturas independientes.

En Chihuahua, el Congreso local bateó la reforma electoral del gobernador Javier Corral, que pretendía implementar elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en los próximos comicios para definir las candidaturas a gobernador y a presdiente municipal. No obstante, los legisladores avalaron eliminar la edad máxima para que un gobernador sea electo, que era de 70 años.

El Congreso de Guerrero aprobó la reelección de sus propios integrantes, los diputados, y los ediles, sin necesidad de solicitar licencia.

En Hidalgo, la Legislatura avaló la revocación de mandato, pero todavía analiza una reforma que prevé la reducción a tres años del periodo de gobierno en los municipios.

Las reformas electorales en Querétaro, contra las cuales Morena presentó una acción de inconstitucionalidad, condiciona a cinco años la residencia en la entidad a quienes aspiren a la candidatura a la gubernatura y limita la propaganda y los debates en medios de comunicación.

En Morelos incrementaron el número de legisladores de 20 a 24; mientras que el Congreso de Puebla pretende retirar al Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) la facultad de elegir al titular de la Contraloría, para cederla al Poder Legislativo.

En San Luis Potosí se realizó una reforma electoral que dejó intacto el tema de las alianzas electorales, como lo demandaba la oposición, así como el aumento del porcentaje de la votación tres a 3.7 para conservar el registro.

En Tabasco, los diputados avalaron la desaparición las juntas municipales, por lo que todas las tareas de concentrarán en las juntas distritales.

En Oaxaca, el Congreso tiene en manos una iniciativa de Morena para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para adelantar un año la elección de gobernador, para que se realice en 2021, bajo el argumento de que se ahorraría recursos ante la crisis sanitaria por el covid-19.

México

México acordó con Estados Unidos liberar agua del Río Bravo desde el 15 de diciembre

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El Gobierno de México y Estados Unidos fortalecieron su cooperación para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, tras varias semanas de negociaciones, y acordaron iniciar entregas de agua a partir del 15 de diciembre, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.

Ambos países coincidieron en la importancia de cumplir con las obligaciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, instrumento que regula la distribución del recurso hídrico y la administración de aguas compartidas entre las dos naciones. Como parte del acuerdo, México liberará un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, conforme a los términos del tratado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que las entregas se realizarán dentro del marco legal vigente, respetando la disponibilidad hidrológica y los límites operativos establecidos, sin afectar el suministro de agua para consumo humano ni la producción agrícola en la región fronteriza.

El entendimiento se consolidó después de que el 8 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a México el adeudo de agua correspondiente y advirtiera sobre la imposición de aranceles de 5 por ciento en caso de incumplimiento. Un día después, el 9 de diciembre, se llevó a cabo de manera virtual la quinta reunión binacional del año para dar seguimiento a las entregas y evaluar la situación técnica.

En dicho encuentro participaron funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos. Por parte de México asistieron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales. Por Estados Unidos participaron la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

El Tratado de Aguas de 1944 no solo contempla la entrega de agua, sino también la generación de energía eléctrica, el control de avenidas, obras de saneamiento del río Tijuana y la operación de las presas internacionales Falcón y La Amistad. Ambos gobiernos señalaron que han trabajado de manera coordinada para atender el ciclo actual y cubrir el déficit del ciclo anterior, conforme a lo establecido en el Artículo 4 del acuerdo.

Las autoridades destacaron la necesidad de mantener el diálogo técnico a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la International Boundary and Water Commission, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y la protección de la población y la agricultura frente a la sequía histórica. Con este acuerdo, México reiteró su compromiso con los tratados internacionales y la cooperación bilateral en materia de agua.

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