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Congresos aprueban reformas a modo rumbo al 2021

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La emergencia epidemiológica no impide que en las entidades se hagan reformas a modo rumbo a la batalla electoral del próximo año.

En el lapso de la pandemia, al menos 20 congresos locales han aprovechado la mayoría de Morena para modificar leyes electorales locales y así favorecer al partido gobernante o incluso al propio órgano legislativo.

Si bien no son reformas como la Ley Bonilla, que buscaba ampliar el periodo de gobierno en Baja California, estados como Tabasco, Morelos, Puebla y Veracruz aprobaron –o aprobarán– cambios para desaparecer instancias electorales, avalar la intervención gubernamental en los organismos encargados de los comicios, reducir recursos a partidos y crecer el número de legisladores, entre otros.

En Chiapas, por ejemplo, el Congreso recién aprobó modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que permitirán votar a las personas privadas de la libertad y a los prófugos de la justicia. Además, aumentó los requisitos para las candidaturas independientes.

CONGRESOS ACOMODAN LEYES ELECTORALES PARA 2021

De cara al inicio del año comicial 2021, los Congresos de 20 estados han hecho reformas a la legislación electoral local, aprovechando el uso de las mayorías diputacionales, para favorecer a los partidos locales gobernantes o al propio órgano legislativo.

Durante el periodo de la pandemia por el covid-19, las Legislaturas de 20 entidades, que en su mayoría son Congresos dominados por Morena, realizaron reformas legales que se aplicarán en los próximos procesos electorales.

Aunque no han hecho modificaciones legales de alcances como los que pretendía la Ley Bonilla, para ampliar el periodo de gobierno, en estados como Tabasco, Morelos, Puebla y Veracruz han avalado –o están por hacerlo– cambios para la desaparición de instancias electorales, la intervención gubernamental en los organismos encargados de los comicios, la reducción de recursos a los partidos y el incremento en el número de legisladores, entre otros.

La legislación prevé que no se realicen modificaciones a las leyes electorales federales y locales 90 días antes del inicio del proceso electoral.

En los Congresos de Baja California, Campeche, Chiapas y Sinaloa hicieron reformas para cambiar las fechas del inicio del proceso electoral.

En los órganos legislativos de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán avalaron reformas contra la violencia política de género y para garantizar la paridad en las contiendas electorales.

En el caso de Baja California, el Congreso local intentó impulsar una reforma que denominaron la Ley Bonilla II, que pretendía acotar de seis a tres años el periodo del próximo gobernador, la cual no fue aprobada, pero los diputados locales dieron luz verde a la eliminación de los diputados plurinominales, por lo que ahora los 25 legisladores locales deberán ser votados.

En Chiapas, el Congreso con mayoría morenista recién aprobó modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que permitirán votar a las personas privadas de la libertad y a los prófugos de la justicia. Además, aumenta los requisitos para las candidaturas independientes.

En Chihuahua, el Congreso local bateó la reforma electoral del gobernador Javier Corral, que pretendía implementar elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en los próximos comicios para definir las candidaturas a gobernador y a presdiente municipal. No obstante, los legisladores avalaron eliminar la edad máxima para que un gobernador sea electo, que era de 70 años.

El Congreso de Guerrero aprobó la reelección de sus propios integrantes, los diputados, y los ediles, sin necesidad de solicitar licencia.

En Hidalgo, la Legislatura avaló la revocación de mandato, pero todavía analiza una reforma que prevé la reducción a tres años del periodo de gobierno en los municipios.

Las reformas electorales en Querétaro, contra las cuales Morena presentó una acción de inconstitucionalidad, condiciona a cinco años la residencia en la entidad a quienes aspiren a la candidatura a la gubernatura y limita la propaganda y los debates en medios de comunicación.

En Morelos incrementaron el número de legisladores de 20 a 24; mientras que el Congreso de Puebla pretende retirar al Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) la facultad de elegir al titular de la Contraloría, para cederla al Poder Legislativo.

En San Luis Potosí se realizó una reforma electoral que dejó intacto el tema de las alianzas electorales, como lo demandaba la oposición, así como el aumento del porcentaje de la votación tres a 3.7 para conservar el registro.

En Tabasco, los diputados avalaron la desaparición las juntas municipales, por lo que todas las tareas de concentrarán en las juntas distritales.

En Oaxaca, el Congreso tiene en manos una iniciativa de Morena para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para adelantar un año la elección de gobernador, para que se realice en 2021, bajo el argumento de que se ahorraría recursos ante la crisis sanitaria por el covid-19.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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