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Conmemoran los 60 años del voto femenino en México

Un día como hoy pero de 1953, el Presidente de México, Adolfo Ruíz Cortínez expidió, en el Diario Oficial de la Federación, un decreto que permitía a las mujeres votar y ser votadas para puestos de elección popular.

Un día como hoy pero de 1953, el Presidente de México, Adolfo Ruíz Cortínez expidió, en el Diario Oficial de la Federación, un decreto que permitía a las mujeres votar y ser votadas para puestos de elección popular.

El 3 de julio de 1955 la mujer celebró por primera vez el derecho al sufragio, en las elecciones federales, gracias a las modificaciones constitucionales.

Según la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, la maestra Rosa María Álvarez de Lara, lograr el derecho al voto fue una de las revoluciones sociales más importantes del Siglo XX.

Sin embargo, aclaró que pese a esto, las mujeres pensaban que con el voto “automáticamente se iban a acabar sus problemas, que íbamos a ser reconocidas como personas, que nos iban a dar el mismo trato que a los varones; y no”.

Hay lugares en zonas indígenas en las que “si el marido dice que no vaya a votar, la mujer no va a votar”, reveló.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 51.2% de la población está conformada por mujeres; sin embargo, actualmente no hay ninguna mujer gobernadora y hasta ahora no ha habido una mexicana presidenta de la República.

En seis décadas, cinco mujeres han sido gobernadoras y una jefa de gobierno: Griselda Álvarez Ponce de León (Colima, 1979), Beatriz Paredes Rangel (Tlaxcala, 1987), Dulce María Sauri (Yucatán, 1991), Rosario Robles Berlanga (DF, 1998), Amalia García Medina (Zacatecas, 2004) e Ivonne Ortega Pacheco (Yucatán, 2007).

Esto se debe, en gran medida, a la cultura del machismo, “todavía prevalece y está hondamente arraigada en nuestra sociedad; hay muchos mitos, por ejemplo, que somos más débiles que los hombres y necesitamos protección, que no tenemos la misma capacidad intelectual, que somos malas para las matemáticas, que las ciencias duras no se nos dan y que, desde el punto de vista moral, somos poco confiables”, explica Álvarez de Lara.

Fuente: Aristegui Noticias.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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