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Política

Consigna la Fepade a 13 personas por delitos electorales

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CIUDAD DE MÉXICO, 8 de julio.-  Como parte de las actividades realizadas tras la Jornada Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ha consignado ante los Jueces Federales respectivos a 13 personas.

Las acciones se realizaron en los estados de Sonora, Morelos, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Querétaro.

En Sonora contra una persona del sexo masculino por el delito de recoger nueve credenciales para votar; en Morelos contra una mujer por el delito de robo de boletas electorales;  en Baja California, contra dos personas por el delito de solicitar votos por paga o dádiva.

En Baja California Sur, contra una persona por el delito de sustraer y apoderarse de documentos o materiales electorales;  en Nuevo León, contra una personas por el delito de sustraer y apoderarse de documentos o materiales electorales.

En Veracruz contra una mujer y tres hombres por el delito de recoger credenciales para votar; en Yucatán contra una persona del sexo masculino por los delitos de recoger siete credenciales de elector  y solicitar votos por paga o dádiva.

En Zacatecas, contra una hombre por el delito de hacer proselitismo el día de la jornada electoral; en Querétaro, contra dos mujeres por el delito de solicitar votos por paga o dádiva.

La mayoría de los delitos federales electorales están considerados como no graves, por lo que no determinan la privación de la libertad y quienes los cometan pueden incluso enfrentar su proceso sin quedar en reclusión.

Asimismo, esta Fiscalía informó que del 7 de octubre de 2011 (fecha de inicio del proceso electoral) al 30 de junio de 2012, consignó ante los Jueces Federales correspondientes a 1,039 personas por delitos electorales investigados en 1,015 averiguaciones previas.

De esas averiguaciones previas, los Jueces de Distrito dictaron sentencia condenatoria para 232 personas por delitos electorales en materia penal federal.

Entre los delitos más recurrentes destacan: alteración al Registro Federal de Electores, condicionamiento de programas sociales, recoger credenciales para votar y solicitar votos por dádiva.

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Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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