La fiscalía de Justicia consiguió dos órdenes de aprensión en contra de funcionarios de la administración del mandatario panista Guillermo Padrés Elías, implicados en la venta de al menos nueve recién nacidos, quienes fueron ofertados a familias que esperaban adoptar a un niño y pagaron hasta 150 mil pesos.

Carlos Alberto Navarro Sugich, titular de la Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJE), identificó a los funcionarios sospechosos como Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, de 30 años de edad, quien se desempeñaba como sub director en la Procuraduría de la Defensa del Menor a cargo de la Línea Protege; y José Manuel Hernández López, de 38 años de edad, quien trascendió que se desempeñaba como Asesor Jurídico del Sistema DIF Estatal y en la Unión Ganadera Regional de Sonora.

Hasta el momento, ambos funcionarios inculpados permanecen libres y ya tramitaron un amparo, porque la PGJE no ha podido ejecutar la orden de aprensión por los delitos de incumplimiento de un deber legal, que conlleva una penalidad de 1 a 8 años de prisión e inhabilitación de 1 a 5 años para ocupar cargos públicos; suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante cuya pena va desde 6 meses hasta 6 años de cárcel; además de sustracción y tráfico de menores e incapaces, con una pena de 15 a 40 años de prisión.

En el 2012, los dos sospechosos plenamente identificados encontraron la manera de beneficiarse económicamente a cambio de entregar niños a padres de familia que posteriormente presentaron a los bebés ante el registro civil como sus hijos biológicos, ¿cuál es el papel de los funcionarios desde la perspectiva de la PGJE? Éstos tenían acceso a la información de personas y parejas que estaban formadas tratando de adoptar a una criatura, aprovechando sus cargos, lograron identificar a mujeres en estado de absoluta vulnerabilidad que estaban a punto de dar a luz en el Hospital de la Mujer, una vez que sanaban, entre Vladimir y José Manuel se encargaban de identificar a las parejas que podían o estaban dispuestas a entregar dinero a cambio del recién nacido», declaró el procurador de Justicia.

Carlos Navarro detalló que hasta el momento, la PGJE ha confirmado la venta de nueve bebés menores de cuatro años de edad, seis niñas y tres niños, por los cuales parejas y madres solteras pagaron entre 80 hasta 150 mil pesos; sin embargo, el fiscal reconoció que podría haber más bebés sustraídos ilegalmente y funcionarios implicados.

Según la investigación que inició desde el pasado 18 de marzo, en todos los casos las madres biológicas de los menores eran mujeres en situación de vulnerabilidad como pobreza extrema y problemas de adicción, quienes no recibieron dinero a cambio de entregar a sus hijos a la supuesta adopción por lo que no están sujetas a proceso penal, en cambio, entre los 16 consignados hay 14 personas, entre parejas y madres solteras que pagaron fuertes sumas de dinero para obtener a un bebé, a los cuales registraron como sus hijos ante el Registro Civil del Estado de Sonora.

Fuente Excélsior