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México

Continúa la falta de educación y empleo para jóvenes

Según cifras de la Encuesta Nacional de Juventud, en México hay 36.2 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad y no todos tienen acceso a la educación o a un empleo formal, afirmó Roberto García Salgado, profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM.

De este sector, más del 50 está distribuido en ocho entidades: Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Puebla y Guanajuato, y además de la falta de oportunidades se enfrentan a la violencia imperante en el país, expuso en ocasión del Día Internacional de la Juventud.

Podría considerarse que quienes tienen mayores posibilidades de salir adelante son quienes viven en las grandes ciudades debido a la infraestructura que les rodea. No obstante, los espacios diferenciados del poder delimitan el alcance de dichas opciones; enfrentan condiciones de exclusión, a pesar de su demanda constante y participación social.

Según encuestas, los jóvenes están concentrados en actividades educativas, sobre todo de los 12 a los 16 años, después empiezan a limitarse las oportunidades y muchos se insertan en actividades económicas informales, refirió el psicólogo.

A esto podemos agregar que a la vez son víctimas y partícipes de la violencia. “Los jóvenes viven un escenario de agresión estructural de Estado, dirigida hacia ellos, y algunos, por las condiciones geográficas y económicas en que viven, se ven involucrados en el desarrollo de actividades como sicarios o en asuntos propios del crimen organizado”, destacó. En este contexto, subrayó, podríamos decir que este modo de vida se puede convertir en una forma de subsistencia.

Pese a este escenario, hemos visto que en los últimos años los afectados se han unido para generar alternativas de desarrollo en sus propios espacios y buscar soluciones a sus problemáticas, mencionó.

El gran problema de las instituciones públicas vinculadas a este segmento poblacional es que no han logrado diseñar una política de Estado única, evaluada, que sea incluyente, es decir, que se fortalezca con la participación de los jóvenes, sugirió el académico.

Es necesario evitar que estas estrategias se conviertan en medidas sectorizadas a través de las cuales sólo se busque cubrir las demandas inmediatas de algunos grupos.

A su vez, los jóvenes tienen el gran reto de ser reconocidos como una población que vive su presente. “Se debe admitir que tener dicha edad no es un condicionante crítico en la vida, sino una construcción social con avatares en la que ellos mismos puedan colaborar para dar solución a sus problemas”.

La conmemoración

En 1985, la Organización de Naciones Unidas declaró el 12 de agosto Día Internacional de la Juventud. Con esto se busca reconocer la importancia de este sector como reflejo de la sociedad, subrayó García Salgado.

Como latinoamericanos debemos entender su potencial demográfico, cultural y de capital humano, porque con ellos podremos dar a nuestros países mayor desarrollo integral, concluyó.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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