Primero fue una insólita, y enorme, concentración de buques de guerra y otro poderío militar estadounidense en aguas del Caribe. La mayor presencia de fuerza de EE UU en América Latina en décadas. En septiembre, comenzaba una campaña de bombardeos contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales de ese mar y el Pacífico oriental, bautizada a posteriori como Operación Lanza del Sur. Ese mismo mes, el presidente estadounidense, Donald Trump, empezaba a insinuar la posibilidad de lanzar algún tipo de ataque militar contra territorio venezolano. En noviembre ya aseguraba que los días de Nicolás Maduro al frente del país sudamericano estaban contados.

Venezuela ha sido en la segunda mitad del primer año del nuevo mandato de Trump la gran obsesión del presidente republicano y su equipo de Gobierno. Lo que comenzó siendo una aparente declaración de fuerza, con el envío inicial de una flotilla de buques de guerra y más de 2.000 soldados, parece ahora haberse convertido en un ataque en toda la regla de Estados Unidos contra un país soberano, después de meses de amenazas contra el régimen chavista.

De confirmarse que lo sucedido este sábado es una agresión estadounidense, sería un acto de guerra que evoca el comienzo de la guerra en Irak en más de un sentido. Desde las imágenes de explosiones en Caracas, similares a las que en Bagdad dieron inicio a la operación militar aliada en 2003, al modo en que se ha desarrollado el proceso: acusación tras acusación, y ultimátum tras ultimátum, cada vez más enérgicos y amenazadores contra el régimen en el poder, mientras Estados Unidos iba reforzando su presencia en la zona con su portaaviones más moderno, el Gerald Ford, y miles de soldados más. Y pasando, por supuesto, por el objetivo detrás de todo ello: el petróleo con el que los dos países atacados cuentan en abundancia.

Trump empezó a mover ficha en agosto, y a dar indicios de lo que tenía en mente, con el envío inicial de una flotilla de media docena de buques de guerra. Casi de modo simultáneo, su Administración doblaba a 50 millones de dólares la recompensa que ofrecía por la captura de Maduro, al que había declarado líder del supuesto Cartel de los Soles, una denominación que engloba a dirigentes grupos en el régimen venezolano que se benefician presuntamente de contactos con el narcotráfico. Su argumento entonces era que el líder chavista era un cabecilla de las redes que introducen droga en Estados Unidos y permiten con ello que decenas de miles de estadounidenses al año mueran por sobredosis.

El argumento de la lucha contra el narcotráfico fue el dominante en esa primera fase. El 2 de septiembre Trump anunciaba casi como si tal cosa, en un acto en la Casa Blanca, que las fuerzas estadounidenses en el Caribe habían bombardeado una “narcolancha” y matado a sus 11 ocupantes. Era el inicio de una campaña para la que la Administración no ha pedido autorización al Congreso —un requisito necesario en casos de guerra— que ha asesinado a un centenar de personas y destruido una treintena de esas embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y en el Pacífico oriental, y de la que expertos y organizaciones de derechos humanos denuncian que es ilegal.

Entonces, la Casa Blanca alegaba que la entrada de droga en Estados Unidos implicaba la muerte de decenas de miles de personas cada año, algo que considera con la gravedad suficiente para equipararlo a una guerra. Y, al estar en guerra contra las organizaciones del narcotráfico, según esta lógica, las supuestas narcolanchas se convertían en un objetivo legítimo. Sus ocupantes, y los miembros de los carteles de la droga, quedaban considerados combatientes enemigos. La Administración republicana consideraba que se encuentra en un “conflicto armado directo y no internacional” con esos grupos, y por ello sostenía que no necesita el visto bueno del Capitolio.

A la justificación legal dudosa se sumaban las enormes dimensiones del despliegue para suscitar las sospechas de que el objetivo real fuese forzar el fin del régimen chavista, bien mediante una acción directa en Venezuela o bien ejerciendo una presión psicológica que desencadene un golpe interno que derroque a Maduro.

En octubre, Trump empezaba a insinuar que se planteaba una acción militar directa en territorio venezolano. A la presión de los ataques contra las supuestas narcolanchas se sumaban vuelos de adiestramiento de bombarderos cerca de las costas venezolanas, y la autorización de Trump a la CIA para llevar a cabo acciones encubiertas dentro del país caribeño.

En noviembre, en una entrevista concedida al programa de la cadena de televisión CBS Sixty Minutes, Trump se mostró convencido de que los días de Maduro en el poder “están contados”. Pero, en una demostración de las contradicciones y debates internos dentro de la propia Administración, y de la propia impredecibilidad del republicano, el presidente estadounidense consideró poco probable la idea de que su país entrara en guerra con Venezuela.

Entre bambalinas, se sucedían las reuniones y los debates en el equipo de seguridad nacional de Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, encabezaba a los partidarios de derrocar a Maduro. Otros, como el enviado inicial para Venezuela, Richard Grenell, eran más partidarios de la negociación con el chavismo para lograr acceso al lucrativo sector petrolero del país caribeño.

A medida que avanzaba ese debate ha ido cambiando el argumentario de Washington sobre su posición hacia el régimen de Maduro y Venezuela. La tesis de luchar contra el narcotráfico ha ido quedando en un segundo plano. En sus declaraciones Trump ha enfatizado cada vez más su hostilidad hacia el presidente venezolano —con quien, sin embargo, ha llegado a mantener al menos una conversación telefónica directa— y reclamaba su marcha del poder.

Diciembre introdujo una nueva línea de justificación: el petróleo. Y, con ella, otra vuelta de tuerca en la presión contra el régimen: la interceptación de buques que exportasen el crudo venezolano, la principal fuente de ingresos de un país abrumado por las sanciones internacionales. El buque Skylar fue el primero capturado, en una operación a la que la Casa Blanca y el Pentágono quisieron dar la máxima publicidad. El 17 de diciembre, Trump ordenó el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela.

“El ilegítimo régimen de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, así como para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, indicaba entonces el anuncio presidencial.

Apenas pasados los festejos de la Navidad, y cuando el mundo ponía los ojos en celebrar la llegada del nuevo año, Trump hacía escalar el conflicto. Esta semana abría una nueva fase de operaciones militares y confirmaba la primera operación terrestre en Venezuela, un ataque con drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra un muelle de una instalación portuaria en la costa venezolana. Las autoridades estadounidenses sospechaban que el cartel narcotraficante conocido como Tren de Aragua utilizaba la infraestructura para almacenar drogas y transportarlas a través de otras embarcaciones.

Ahora 2026 se ha estrenado con múltiples explosiones en distintos puntos de Venezuela, incluida la capital, Caracas. De confirmarse que se trata de un ataque estadounidense, y sin que se sepa aún si se trata de un único episodio o vendrán otros en los próximos días, el pulso entre Trump y Maduro entra en una nueva fase. La más peligrosa.