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México

Convoca INE a participar como observadores de la consulta popular

El Instituto Nacional Electoral (INE) convoca a la ciudadanía chihuahuense a solicitar o ratificar su nombramiento como Observadoras u Observadores de la Consulta Popular.

A más tardar el 15 de julio, las y los interesados en ejercer su derecho a la observancia de la preparación, desarrollo y jornada de la consulta popular, deberán efectuar su proceso de registro o ratificación en el portal de internet https://observadorescp.ine.mx/.

El registro también puede realizarse de manera presencial en las sedes de Junta Local o las nueve Juntas Distritales Ejecutivas del INE, ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.

Entre los requisitos por cumplir se encuentran: ser ciudadana o ciudadano mexicano, tener credencial de elector vigente, llenar la solicitud de registro, adjuntar una fotografía tamaño infantil, firmar un escrito de protesta y tomar un curso de capacitación para la integración de un expediente personal y la autorización del nombramiento.

Si la persona fue objeto de investigaciones judiciales o penales por algún delito o designada como funcionaria o funcionario de Mesa Receptora de la Consulta Popular, se declarará improcedente el nombramiento.

Las Observadoras y Observadores de la Consulta Popular que reciban su acreditación podrán observar los actos de preparación y desarrollo de la consulta, las actividades de la jornada de ésta y las sesiones de los órganos electorales del INE, así como solicitar información pertinente para el desarrollo de sus actividades, salvo la reservada o confidencial en los términos de la ley.

Su labor permitirá darle validez a este ejercicio de participación ciudadana que se efectuará a nivel federal, fortaleciendo la democracia mexicana y contribuyendo a identificar áreas de oportunidad para mejorar la calidad de futuras consultas populares.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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