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Coparmex denuncia a Peña, gobernadores, Nuño y Osorio por ser “incapaces” de someter a la CNTE

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Los empresarios integrados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) interpusieron una demanda de amparo en contra del Presidente Enrique Peña Nieto, gobernadores y funcionarios federales, ante las presuntas omisiones en las que han incurrido por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“En esta demanda de amparo hemos señalado como responsables al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Educación Pública, al Procurador General de la República, a los Gobernadores de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, a los Secretarios Federales de estos estados y a los Congresos de estas demarcaciones, entre otras autoridades”, dio a conocer Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. “Ante la inminente falta de capacidad del Estado mexicano para reestablecer el orden”, abundó.

De acuerdo con Hoyos, la demanda fue turnada al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, a cargo del Juez Agustín Tello Espíndola.

“Es importante señalar que no buscamos represión de los movimientos sociales, cuando estos son legítimos y son sobre todo respetuosos del contexto social, económico y del desarrollo de todos. La demanda del sector patronal es para que el Estado actúe para restablecer la paz, que se respeten las garantías Constitucionales de libre tránsito, derecho al trabajo, derecho a la educación y a la libertad económica”, señaló el líder patronal tras salir de las oficinas del PJF.

Acusó que las protestas de los maestros han dejado “perdidas incuantificables” en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

“No se trata sólo de bloqueos temporales y de daños a carreteras, a vialidades, a plazas comerciales, a bancos o a sedes de instituciones gubernamentales, hemos sido testigos de bloqueos prolongados en carreteras y en vías de comunicación, en ferrocarriles, y en uno de los puertos más importantes del país, como lo es Lázaro Cárdenas que es la vía de abastecimiento principal para regiones industriales, comerciales y de servicios del país.

“Diversos sectores industriales han sufrido afectaciones incuantificables, en especial el siderúrgico, que podría verse obligado a realizar un paro técnico ante la carencia de insumos para su producción”, dijo el líder empresarial.

Este mismo día, los empresarios integrados en la Confederación de Cámaras Naciones de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) anunciaron que presentarán una demanda colectiva contra los maestros de la CNTE por afectar económicamente sus intereses tras más de dos meses de movilizaciones.

En una rueda de prensa, los empresarios afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo indicaron que la demanda será presentada el 17 de agosto.

“La estimación por los daños (económicos) sufridos se estimaba hasta hace unos días en 7 mil 500 millones de pesos (unos 396.3 millones de dólares) en toda la región”, dijo Enrique Solana, presidente de la Confederación.

Solana señaló que están elaborando un listado de empresas afectadas y que presentarán una demanda colectiva contra la CNTE en la que se le “exigirá la reparación de los daños y perjuicios” generados a las empresas.

El representante remarcó que los empresarios viven “una grave crisis” que afecta a la sociedad y a las empresas y no se pueden permitir “la grave omisión de no expresarnos, no proponer, ni exigir medidas de solución inmediata” ante la problemática.

Indicó que empresarios de diversos sectores de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México han padecido las movilizaciones de los docentes.

Además de la demanda colectiva, el presidente de la Confederación informó que promoverán juicios de amparo contra la Coordinadora y también contra autoridades omisas de los tres niveles de gobierno.

Los empresarios advirtieron que sus pérdidas se verán reflejadas en el pago de impuestos, en el cierre de sus empresas y analizan presentar sus declaraciones de impuestos en ceros.

Propusieron al Gobierno mexicano que en los estados afectados se deje exento el pago de impuestos a la nómina y el impuesto sobre la renta, además de la exención de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hasta que se regularicen y se recuperen las empresas afectadas.

Desde mediados de mayo los maestros de la CNTE, con más de 200 mil afiliados en México, están en huelga para pedir la derogación de la reforma educativa impulsada por el actual presidente, Enrique Peña Nieto, por considerar que es punitiva contra los maestros y no contempla particularidades regionales.

Desde entonces se han producido numerosas protestas, altercados y bloqueos carreteros que han puesto en jaque varios estados del país como Chiapas y Oaxaca, en el sur, o Michoacán, en el occidente.

TRANSPORTISTAS ANUNCIAN HUELGA

Transportistas y comerciantes de Oaxaca, anunciaron hoy que el próximo 8 de agosto iniciarán un paro indefinido para exigir al Gobierno Federal que restaure la paz social y el libre tránsito en la región luego de que las protestas de maestros les hayan causado numerosas pérdidas.

La empresaria y líder de esta protesta, María Cristina Jacinto Montes, afirmó en rueda de prensa que participarán alrededor de 600 comerciantes y negocios, entre gasolineras, restaurantes, hoteles, taxistas y prestadores de servicios turísticos del estado.

Además, sostuvo que fueron falsas las declaraciones del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, en las que afirmó cinco días antes de la tradicional fiesta de la Guelaguetza que había una ocupación hotelera del 88 %: “Es mentira, es perverso, es brutal”, puntualizó.

El transportista de turistas Jorge Cruz afirmó que ellos son un eslabón más que ha sido afectado por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, por lo que llegaron al acuerdo de parar actividades.

SinEmbargo

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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