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México

Coparmex se queja ante la CNDH de la CNTE y el Gobierno

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una solicitud ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se investigue a las autoridades federales, estatales y municipales por actos de omisión, negligencia y por no garantizar el estado de derecho en las entidades afectadas por los bloqueos magisteriales de la CNTE.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Coparmex, consideró que en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, afectados por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se han registrado graves violaciones a los derechos humanos como el de la alimentación, el de libre tránsito y el de la protección a la salud.

“La petición se presentó por actos de omisión y negligencia de las autoridades en sus diferentes ámbitos, en la actuación de su competencia; la petición es contra el Estado mexicano”, enfatizó. El representante patronal de cerca de 36 mil empresas sostuvo que el Estado mexicano en su posición de garante de los derechos humanos no ha actuado con suficiente pericia frente a los actos de diversos grupos, especialmente el de la CNTE.

Ante el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, De Hoyos Walther comentó que se ha violado el derecho a la alimentación, ya que no están llegando los alimentos suficientes, especialmente en el caso de Oaxaca, afectado principalmente a la población indígena. El titular de la CNDH dijo que analizará con objetividad e imparcialidad el escrito “Se ha violentado el derecho de libre tránsito, hay bloqueos y cierres de avenidas, riesgo de desabasto de gasolina, se ha violentado el derecho a la salud, se ha puesto en riesgo la protección de la salud e incluso fallecieron personas que no recibieron atención oportuna por los bloqueos carreteros.

El derecho a la libertad de comercio está comprometido y se ha violentado la libertad del trabajo.” Ante esta situación, hizo hincapié en que es necesaria la intervención inmediata de la CNDH para que se realice un diagnóstico, determine medidas cautelares y salvaguarde la tutela de los derechos humanos. Solicitó que se realice una investigación para que se documente con detalle cuáles han sido las acciones, las omisiones y la negligencia de los diferentes órdenes de gobierno que se han derivado de la violación sistemática de los derechos humanos.

Adelantó que incluso analizan en los próximos días interponer un juicio de amparo ante los actos de omisión de las autoridades, que implica una violación a los derechos humanos. Se busca hacer responsables a aquellas autoridades del ámbito federal, estatal e incluso municipal, que no actuaron en ejercicio de sus facultades para salvaguardar el libre tránsito, la educación, la salud y la distribución de mercancías.

Derivado de esta situación de emergencia, solicitó que se generen programas de gobierno enfocados a atender las afectaciones de la gente que ha sido dañada en dichos estados. En atención a la solicitud, el presidente de la CNDH recibió al presidente de la Coparmex, acompañado por Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador general, y Joaquín Narro Lobo, secretario técnico del Consejo Consultivo.

El titular de la CNDH dijo que analizará con objetividad e imparcialidad el escrito y, en su momento, determinará lo que en derecho proceda.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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