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Coronavirus en México: 13 mil 699 decesos y 117 mil 103 casos confirmados

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De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), el COVID-19 sigue avanzando a pesar de entrar en la faceta de la nueva normalidad. Actualmente en México hay 117,103 casos confirmados y 13,699 defunciones relacionadas con el virus.

Respecto a las cifras por entidad federativa, los datos arrojan que la Ciudad de México (30,831 casos y 3,729 decesos) continúa registrando el número más alto de contagios acumulados y defunciones a nivel nacional con , seguido de Estado de México (18,552 casos y 1,563 decesos ), Baja California (6,087 casos y 1,245 decesos), Veracruz(5,136 casos y 750 decesos) y Tabasco(5,474 asos y 650 decesos); sin embargo, la Tasa de incidencia de casos activos por Entidad Federativa de Residencia, es decir, los que pueden generar más brotes, indica que las tres entidades en mayor iesgo son Ciudad de México, con una tasa del 47.3%; Tabasco, con una tasa del 40.08; y Aguas Calientes con 20.98 por ciento. También especificaron cuales son las cinco entidades donde menos casos se reportan y son Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Chihuahua y Colima.

Durante la conferencia, el doctor José Luis Alomía, director de epidemiología, fue quien dio lectura al reporte técnico donde indicó el avance del COVID-19.

Asimismo, recordó la implementación del semáforo epidemiológico para la reactivación de actividades económicas esenciales que no pongan en riesgo a la población ni que propicien brotes descontrolados de coronavirus durante esta etapa de la nueva normalidad.

Cabe señalar que la determinación de establecer actividades económicas esenciales fue para reducir el impacto económico de la epidemia por COVID-19 en México, en donde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) planeó junto con la SSa las cinco actividades que no se detendrían durante la pasada Jornada Nacional de Sana Distancia:

1.- Actividades para atender a la emergencia (médicos, paramédicos, servicios de salud integrales, abasto de medicamentos, manufactura farmacéutica, equipo médico, tecnología de la salud, sanitización, etc).

2.- Seguridad pública, soberanía y la defensa nacional, procuración e impartición de justicia y las funciones legislativas federal y locales.

3.- Sectores fundamentales de la economía (financiero, recaudación, energético, alimentación, tiendas de autoservicio y mercados, estancias infantiles, seguridad privada, telecomunicaciones, medios de información y servicios funerarios).

4.- Programas sociales del gobierno.

5.- Todo lo relacionado con la conservación y reparación de la infraestructura de servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, gas, etc).

Así mismo, a partir del 13 de mayo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció tres actividades que se integran al rubro de esenciales, se declaró el próximo fin a esta jornada y se anexaron al punto 3:

1.- Construcción

2.- Minería

3.- Automotriz

En cuanto a mediciones favorables para México, los estados de Yucatán, Baja California, Querétaro y Guerrero bajaron su tasa de casos activos en un comparativo de las últimas dos semanas con respecto a el mismo periodo, pero de hace cuatro semanas. Es decir, cuatro entidades del país ya muestran una baja de incidencia acumulada por cada 100,000 habitantes; sin embargo, no descartan escenarios en donde los numoeros se puedan revertir.

Fuente: Infobae

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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