La corrupción, soborno, robo y evasión impositiva cuestan cada año 1.26 billones de dólares para los países en desarrollo, y en el caso de México llega a 347 mil millones, es decir, 9% Producto Interno Bruto nacional, según cifras de Forbes.

Así lo destacó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al expresar su preocupación por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, dado que socava instituciones y los valores de la democracia, ética y justicia, y compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.

En ocasión del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre, la CNDH sostuvo que la corrupción es un obstáculo para la erradicación de la pobreza, al desviar los fondos destinados al desarrollo y socavar la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, además de que incrementa la desigualdad y la impunidad, y en términos económicos desalienta la inversión y los apoyos extranjeros.

Por ello, saludó la aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen que reforma el artículo primero transitorio del “Decreto que modifica el Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción”, y exhortó al Senado de la República a realizar el proceso de selección del o la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, “mismo que resulta clave en la articulación del Sistema Nacional Anticorrupción”, puntualizó.

De igual manera, destacó que, si bien el nivel de percepción de la corrupción en México ha descendido en los últimos meses, el reto sigue siendo enorme.

“Para efectos comparativos, el documento presenta los porcentajes de la encuesta de 2017, año en el cual 61% de los mexicanos respondió que la corrupción había aumentado, mientras que en 2019 este porcentaje ha caído al 44%. Y, en contraposición, en 2017 sólo el 6% dijo que había disminuido, mientras que en 2019 el porcentaje es de 21%, cifra que es alentadora, pero aún no suficiente, porque sólo se trata de percepción, y aunque es indicativa de un ambiente social propicio, las condiciones para introducir cambios, lo más importante es la implementación de acciones positivas que reduzcan de manera efectiva la corrupción”, precisó en un comunicado.

Añadió: “Es apremiante que los gobiernos federal y locales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial, las organizaciones internacionales y la academia sumen esfuerzos en esta lucha, y en lo que respecta a la Plataforma Digital Nacional, se efectúen las acciones necesarias para su implementación, de tal modo que permita contar con los datos necesarios para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción”.

Sobre todo, abundó, resulta indispensable abrirle paso a una cultura de la legalidad y de combate efectivo a la impunidad, que garantice la plena vigencia del Estado de Derecho en México.

Fuente: Proceso