Una humareda es la que está dejando el ViveBús, y no nos referímos a los gases que emanan las unidades, sino al halo de corrupción que envuelve al sistema de transporte, por años un negociazo de unos cuántos y ahora un problemón que nadie quiere atender.

Van apenas dos años de operación y ya hay una deuda que ronda los 270 millones de pesos, esto a pesar de los jugosos ingresos que le inyectaron tanto gobierno como la iniciativa privada, lo cual habla de un rotundo fracaso.

Y es que en Chihuahua el ‘modelo de negocios’ es saquear al amparo del poder y de los compas, sin pensar en establecer modelos de transporte eficientes ni el menor tino para los ‘bisnes’. Aquí todo se limita a robarse todo lo que uno pueda y después hacerse el loco confiando en la protección de los amigos. Podría decirse que  cada neurona de los concesionarios está enfocada al saqueo más que a la producción de ingresos. Como empresarios honestos se morirían de hambre.

El proyecto tenía todo para marchar bien y funcionar adecuadamente como lo ha hecho en otras ciudades, pero la incompetencia de autoridades y concesionarios así como la descarada corrupción fortalecida por intereses económicos y partidistas, ha impedido que este servicio público prospere y mientras el estado trata de lavarse las manos.

Esto ha llevado al transporte a la crisis, con amenazas de paros a diario, que acaban afectando, como siempre, a los sectores más vulnerables, esos que dependen del odioso camión para trasladarse en las largas y calurientas calles de Chihuahua, mientras los taxistas redoblan sus tarifas para sacarle hasta el último centavo a los pasajeros, pero eso sí, cuando lleguen las aplicaciones como Über verán como lloran y lamentan “la ilegalidad” y la “competencia desleal”.

Nada funciona. Las cuotas al IMSS, las aportaciones al Infonavit, los sistemas de cobro, el mantenimiento, el diesel, pago de impuestos, de horas extras, en nada se ha cumplido pues todo ha dado pauta para el pillaje. ¿Dónde quedó la lana? Ni se sabe ni se sabrá, hay nuevos ricos y nadie quiere ni querrá investigarlos, pues son de los ‘de casa’. Al final tratarán de remediar maquillando la situación y aumentando tarifas.

Y hablando de corrupción, simulación y maquillaje, llamó la atención la postura del doctor Alberto Specktorovski, profesor de la Universidad de Tel Aviv y experto en violencia, mediador entre el gobierno español y ETA, quien destacó que la repentina disminución de la violencia en Juárez tuvo que deberse a un pacto de narco, una versión que ya han manejado numerosas agencias de seguridad y especialistas, y con la que coincidimos en esta columna.

Esa guerra la ganó un bando, y al grupo perdedor no le quedó más que replegarse, asilenciarse y mantener bajo perfil para recuperar al menos parte de sus operaciones. Este fenómeno no es exclusivo de Chihuahua, sino en general del norte del país, y la matadera bajó desde que disminuyó la presencia de la Policía Federal y el Ejército, a quienes acusan de apoyar a grupos del crimen organizado para obtener el monopolio del delito.

Tampoco que la disminución de la violencia sea para echar campanas al vuelo. Chihuahua sigue siendo el segundo estado más violento y las muertes están a la orden del día, aunque hay que reconocer que ya no hay balaceras cada hora como antes y que la vida social se ha normalizado bastante, sobre todo en la frontera, donde no se podía ni salir a la calle.

“¿Cómo intervino el estado, se negoció? Cuestionó el académico español, quien destacó que al no atenderse las causas profundas de la violencia, la paz está sostenida con alfileres, pues jamás se hizo justicia. Los asesinos siguen libres, los narcos y funcionarios cómplices aún tienen sus mansiones y las víctimas siguen (y seguirán) esperando justicia.

Basta que haya un nuevo conflicto entre esos grupos para desatar una nueva masacre. Esperemos que no ocurra, pero el futuro de la paz social en Chihuahua depende enteramente de la buena voluntad de los señores capos,  la ciudadanía apenas despierta y las autoridades lo ven todo como negocio personal.

Siguiendo con las historias macabras de simulación, ahí están la Fiscalía y el Supremo Tribunal de Justicia que reinstalaron tras apenas una despeinadita al magistrado Filiberto Terrazas Padilla, un impartidor de justicia que agredió a su esposa y a sus hijos gritando a los cuatro vientos estar protegido por un amuleto ballezano.

En un estado como Chihuahua donde masacrar a las mujeres por ser mujeres parece ser el deporte local, es un síntoma preocupante que un juez la emprenda a golpes contra su pareja y no se haga justicia. En casa del herrero, cuchara de palo, dicen. Lo malo es que esa cuchara de palo llamada corrupción está en la casa de casi todos.

José Miguel Salcido anda ocupado jugándole al candidato, pero en su tiempo libre de ocupa de la justicia en Chihuahua o al menos de aparentarla, y así dio a conocer que Filiberto ‘El Juez Braguetas’, como afirman que lo apodan en el STJE, no enfrenta proceso debido a que su esposa Claudia Guadalupe Delgado retiró la demanda y la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer “no encontró elementos”.

No será tan fácil. El Movimiento Estatal de Mujeres ya solicitó que se cite a los integrantes del  Consejo por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Consejo de los Centros de Justicia para las Mujeres y Consejo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, para una reunión urgente con el fiscal y el secretario general de gobierno, pues estos delitos se persiguen de oficio y no vale el perdón de la víctima, aunque al parecer los señores jueces no están enterados de eso.

“El 21 de julio del año en curso, en un desayuno con el Movimiento de Mujeres y ante el cuestionamiento que recibió por la protección que recibía el magistrado, el presidente informó que Filiberto tenía una licencia de tres meses para responder a la investigación, y el día de hoy, con indignación profunda, recibimos la noticia de que por presuntas órdenes del gobernador Duarte, el magistrado fue restablecido en su puesto”, agregó Castro.

Pareciera que esta mañana no hay más de qué hablar que de corrupción,  y así es, tanto que mañana se llevará a cabo en esta capital un foro del Sistema Nacional Anticorrupción, esos que implementó el presidente Enrique Peña Nieto para tratar de tapar el escándalo por su probable conflicto de intereses con la constructora Higa, la favorita del sexenio, la cual le habría ‘vendido’ una casa.

Se supone que este sistema estará bien padre, que tendrá dientes para prevenir, detectar y castigar corruptelas, y para eso el foro se llevará a cabo en Palacio de Gobierno, donde también rondan acusaciones de corrupción de alto calibre, desde el banco del gobernador César Duarte, cuya investigación está paralizada en la PGR, hasta ventas de medicinas con sobreprecios, obra inflada, etc, etc, etc.

Donde también están las pedradas de a kilo es en el tema Aeroshow. El ex alcalde Marco Adán Quezada organizó una rueda de prensa donde le subió dos rayitas a su pleito con Palacio y habló del dictamen que está en el Congreso y que nadie sabe qué trae más que Palacio, pues desde ahí se está redactando, y el objetivo sería inhabilitarlo como candidato, la fórmula de siempre.

Quezada se fue recio contra el gobernador, a quien acusó directamente de querer ‘congelar’: “Estoy convencido de que la motivación de esta intención no obedece ni a la justicia ni la legalidad. Estoy convencido de que se trata de una descalificación previa, que busca eliminar a nuestro proyecto antes de que la carrera empiece. Es lamentable que se recurra a las peores prácticas autoritarias y que sea a través de las instituciones del Estado como se pretenda eliminar a los adversarios políticos. Creemos que la competencia debe darse en las urnas, no en el Congreso del Estado”.

Pero esta fórmula no fue inventada por el gobernador Duarte. Antes la utilizaron en el sexenio de Reyes Baeza para poner de rodillas a Juan Blanco, quien iba que volaba por la gubernatura. Al empresario pizzero lo amolaron con el tema del relleno sanitario y aunque pisó la cárcel unos días al final salió libre de toda culpa, pero ya tarde para alcanzar la silla. Cuestión de karma, dicen panistas como el ex diputado ‘Pony’ Lara, que espetó públicamente al ex alcalde por quejarse al recibir una cucharada de su propio jarabe.

El gobernador no tardó ni una hora en contestarle a su correligionario: “A mí me parece que el levantar juicios y señalar al Congreso de esta manera y, sobre todo, no hacer presente que el origen de este asunto es un lamentable hecho que nos ha dolido a todos los chihuahuenses, es querer vacunarse en salud”.

El mandatario recordó que esta auditoría no es un capricho de su gobierno, sino que se basa en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos humanos, cuyo tratamiento fue estratégicamente retrasado, y ahora se retoma para bombardear a Quezada, igualito que como le pasó a Juan Blanco. “No pasarás”, fue el mensaje que se está enviando a Quezada desde palacio, y aunque la recomendación pudo resolverse semanas después de los hechos, le apostaron al suspenso.

Los ingenuos sospechan que el asunto está politizado, los que saben están seguros. A diferencia del caso Blanco, en el Aeroshow hubo una tragedia espantosa que dio la vuelta al mundo, muertos, heridos, trocas monstruo, y un halo de corrupción que no ha generado castigos más que al perro más flaco, el chofer, quien está en prisión por el único delito que se castiga implacablemente en Chihuahua: ser pobre.