Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió esta noche una resolución que protege a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) contra acusaciones penales o administrativas relacionadas con la realización de la consulta de revocación de mandato.

En una notificación publicada en los estados electrónicos de la Corte, el ministro notificó la modificación a la suspensión que se había decretado el 10 de diciembre de 2021 a solicitud del Consejo General del instituto.

Dijo que la modificación es para que se lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato “de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado”.

Es decir, que se ordena al INE organice la consulta de revocación con los mil 503 millones de pesos que dijo tener disponibles, lo que limitará el número de casillas a instalarse a menos de la mitad de las 161 mil que ordena la ley federal de revocación de mandato.

El ministro González Alcántara Carrancá señaló que ello es así “para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto”.

La decisión se tomó luego de que la Secretaría de Hacienda rechazó la ampliación presupuestal de mil 730 millones de pesos que solicitó el INE por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.