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México

Costo del Gas LP se incrementa de nuevo por presiones internacionales

El precio promedio a nivel nacional del Gas L.P. será de 26.66 pesos por kilogramo entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

De esta forma, el precio del producto esencial en los hogares mexicanos será 0.4 por ciento más caro que la semana previa.

Hace una semana, el precio del Gas L.P. había registrado su primera reducción en mes y medio, sin embargo, los altos precios del propano a nivel internacional volvieron a presionar al alza los precios de este producto.

En la Ciudad de México, el kilogramo de Gas L.P. se mantendrá sin cambios, por lo que se comercializará en 25.02 pesos.

Respecto al Estado de México, el precio promedio será de 25 pesos por kg., prácticamente el mismo precio que la semana previa, aunque el costo varía dependiendo el municipio en el que se adquiera.

Para la próxima semana, 28 de las 32 entidades del país registrarán incrementos de precios en sus compras de gas.

Los incrementos semanales más importantes se observaron en Campeche (3.1 por ciento), Nuevo León (2.3), Querétaro (1.6), Colima (0.9), Hidalgo (0.9), Sinaloa (0.5), Chihuahua (0.5) y Tamaulipas (0.5).

Del otro lado de la moneda están Zacatecas, San Luis Potosí, Baja California y Sonora, ya que fueron los únicos estados que reflejarán menores precios respecto a la semana precedente, con reducciones de 0.1, 0.1, 0.2 y 0.3 por ciento, respectivamente.

Ya pasaron tres meses desde que la CRE estableció precios máximos para la venta de Gas L.P., sin embargo, su efecto reduccionista se ha debilitado en el transcurrir de las semanas.

Durante este periodo, los precios del Gas L.P. se elevaron 2.9 por ciento a nivel nacional, al pasar de un promedio de 25.9 pesos (31 de julio) a 26.6 pesos (6 de noviembre).

En este tiempo, tres entidades del país reportaron alzas de doble dígito, estas fueron Chiapas (14.9 por ciento), Tamaulipas (12.7) y Nuevo León (12.2).

En tanto, los estados más beneficiados han sido Baja California, CDMX y Quintana Roo, ya que sus precios han disminuido en 10, 8.8 y 6.6 por ciento, en cada caso.

Se tiene estimado que esta directriz de emergencia dure seis meses, por lo que, tentativamente, enero de 2022 sería el último mes en el que se establecerían precios máximos para la venta de Gas L.P.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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