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Covid-19 aumentaron 76.8% las cremaciones y 20% los entierros durante el primer semestre: INEGI

A casi un año del surgimiento del nuevo coronavirus (COVID-19), México ha sido uno de los países más azotados por la pandemia. Muestra de ello, es que se ubica en el décimo lugar en número de contagios acumulados y cuarto en defunciones por la enfermedad, según la última actualización de la Universidad Johns Hopkins.

Lo anterior ha incrementado considerablemente los servicios funerarios en el país. Y es que de enero a junio de 2020, las incineraciones en los panteones públicos de México aumentaron en 76.8% con respecto al mismo periodo de 2019, mientras que los entierros crecieron en 20.2%.

Así difundió este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante el reporte sobre los Cementerios Públicos en las Zonas Metropolitana, correspondiente al primer semestre de este año, que estuvo marcado por la llegada del SARS-CoV-2.

Cabe mencionar que durante dicho lapso de 2019, se reportaron 78,091 entierros y 6,777 incineraciones. Pero en 2020, las inhumaciones ascendieron a 93,833 y el número de cadáveres cremados fue de 11,980.

El primer caso de contagio en México se registró a finales de febrero; sin embargo, para el 30 de junio, el país ya acumulaba alrededor de 27,000 defunciones causadas por esta enfermedad.

Por otra parte, de las más de seis millones de fosas a nivel nacional, el 83.0% estuvieron ocupadas y solo 16.7%, disponibles en los primeros seis meses de este año.

Aunque ciudades como Acapulco, Campeche, Chilpancingo, Ciudad Victoria, Mexicali y San Francisco del Rincón registraron una ocupación del 100%.

Por el contrario, el Valle de México y Colima fueron las zonas metropolitanas que concentraron la mayor cantidad de fosas en operación, al registrar 2,128 y 923, respectivamente.

Además, en dicho periodo, 109 panteones distribuidos en 41 zonas metropolitanas tuvieron que ampliar su capacidad, siendo el Valle de México el que más espacios abrió en 25 cementerios, seguido de Xalapa y Monterrey, con seis; Mérida y Nogales, con cinco y Tampico, con cuatro.

También subieron los costos

El costo por los servicios funerarios, paquetes de cremación, inhumación y preventivos, se encareció entre 4.8 a 6.26% en el último año, según indicadores del INEGI.

De acuerdo con el monitoreo de precios, un paquete de cremación, incluida la urna, ataúd y capilla de velación, registró este año un costo promedio de 17 mil 852 pesos; es decir, 1,052 pesos más que lo reportado en octubre de 2019 cuando se situó en 16 mil 800 pesos.

En octubre de este 2020, un servicio solo de inhumación en agencias funerarias representó un promedio de 27 mil 180 pesos contra 25 mil 920 que costaba en igual mes del año pasado.

Sin embargo, estos precios varían conforme a las especificaciones y más si son paquetes de previsión. El gasto por un plan preventivo para despedir a un ser querido oscila entre los 29 mil 121 pesos a 31 mil 543 pesos, cuando el año pasado el paquete promedio se cotizó en 28 mil pesos.

Debido al repunte de casos de contagio y hospitalización por COVID-19, los próximos 1 y 2 de noviembre, días en que los mexicanos reciben las almas de los fieles difuntos, las autoridades del país han pedido a la ciudadanía celebrarlos desde su casa y no en los panteones como marca la tradición.

Por ello, tanto en la capital mexicana como en otras ciudades del país, se anunció el cierre de cementerios para evitar aglomeraciones.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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