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Crean el primer grupo municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, se convirtió en el primer municipio del Estado de Chihuahua en consolidar el Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el cual tiene por objetivo realizar acciones que disminuyan el índice de embarazos a temprana edad en aquella ciudad.

La instalación formal tuvo lugar este miércoles 27 de marzo a las 9 de la mañana a cargo del presidente municipal de Nuevo Casas Grandes, Héctor Mario Galáz Griego, quien tomó protesta a las y los integrantes en sesión de cabildo.

Marco Pizarro Murguía, fungió como testigo de honor y en representación del secretario de Desarrollo Social, Victor Quintana Silveyra quien es el presidente del grupo estatal y de la secretaria técnica, Emma Saldaña Lobera.

La coordinación del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Nuevo Casas Grandes estará a cargo de Victor Quiñones Chávez y Janeth Molina como secretaria técnica.

La actividad principal de este grupo estará enfocada en servir como mecanismo que articule y coordine las acciones de las instituciones integrantes, así como dar seguimiento a los acuerdos, compromisos y evaluación de las acciones proyectadas.

Por ello las instituciones integrantes se comprometieron a asistir a las reuniones periódicas que convoque la secretaría técnica, brindar información necesaria para el trabajo interinstitucional y para la evaluación de impacto, desarrollar e impulsar las acciones y estrategias que se diseñen de manera participativa y que estén en el ámbito de su competencia.

Con lo anterior se da formal cumplimiento al acuerdo número 102/2017 con fecha de expedición del 24 de mayo del 2017, publicado en el periódico oficial del Estado de Chihuahua que determina la nueva integración y estructura del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, instancia encargada de promover los mecanismos para coordinar, alinear y articular políticas, programas y acciones de las dependencias y entidades en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), así como el asumir la responsabilidad sobre las acciones dirigidas a cumplir el objetivo antes mencionado, entre otras atribuciones.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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