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México

Crece 60% trámite de retiro magisterial

El número de maestros que tramitaron ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) una licencia pre-jubilatoria para dejar su trabajo en el sistema educativo o los que obtuvieron su retiro creció 60.6% en el último año.

Ello como consecuencia de que en septiembre próximo se aplicará, por primera vez y en el marco de la reforma educativa, la evaluación de desempeño a docentes, coinciden investigadores y autoridades educativas.

Al comparar la cantidad de profesores de la educación básica que realizaron gestiones para acceder a la jubilación en el primer trimestre de 2015, se encontró que 22 mil 220 maestros obtuvieron la autorización para dejar su labor en las aulas. Esa cifra significa ocho mil 386 personas más que realizaron ese trámite en el país, respecto a los 13 mil 834 profesores que lo hicieron en el mismo trimestre pero de 2014 en 31 entidades federativas. El Distrito Federal no proporcionó información a esa base de datos.

Durante el primer trimestre de 2012 fueron mil 697 los trabajadores los que solicitaron una licencia pre-jubilatoria, según el reporte que la SEP entregó a la Cámara de Diputados para cumplir con el artículo 10 de la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México (Colmex) dice que “en la cifra se representa no sólo la tendencia de jubilación en el país, sino que existe un factor que acelera el proceso y lo comentan los maestros: que prefieren jubilarse a enfrentar una evaluación que no distingue ni antigüedad ni edad, que los definió como un grupo amorfo”.

El especialista en el sistema educativo, con el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), afirma que durante más de 30 años ellos han dedicado su vida a ésta labor y ahora se sienten “amenazados”.

Como consecuencia de que prevalece la falta de comunicación sobre los efectos de la reforma. Se requiere una “pedagogía de lo que significan las evaluaciones”.

En el magisterio “hay miedo a la evaluación; al considerar que no sólo se pone en peligro su trabajo sino también que estarán expuestos a la humillación que implicará que después de tres años uno de ellos que no resulte idóneo sea degradado a intendente”.

Con base en el reporte del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone) que dio a conocer la SEP hace poco más de dos semanas, se pudo conocer que de enero a marzo fueron 14 mil 221 los maestros que obtuvieron su jubilación y siete mil 999 los que tramitaron la licencia de prejubilación.

La nómina magisterial refiere que Jalisco se ubica a la cabeza como la entidad con el mayor número de trámite de retiro, con dos mil 213. Le sigue Chiapas con dos mil 286 profesores y los del Estado de México con mil 899 bajas.

Fuente: Noticiasnet.mx

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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