Uno de cada seis habitantes en el país que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o en el contacto con algún servidor público experimentó actos de corrupción en 2019 y esta cifra se elevó en los últimos dos años, al igual que los costos de esas actividades.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi mostró que los costos totales a consecuencia de los actos de corrupción que pagaron las víctimas sumaron 12 mil 770 millones de pesos, un 64 por ciento más que en 2017. El promedio por persona fue de 3 mil 822 pesos, un 56 por ciento más.

De manera desglosada, los trámites que presentaron un mayor costo a consecuencia de la corrupción fueron en Educación Pública, con dos mil 75 pesos en promedio por persona afectada, seguido del contacto con autoridades de seguridad pública, al ubicarse en los mil 294 pesos por persona. Los más bajos fueron el pago de tenencia o impuesto vehicular, con 688 pesos, y trámites vehiculares con 766 pesos.

“El deterioro en la confianza en la población es debido a que no se logra el cometido del trámite, en el laberinto burocrático, en el proceso, se pierden los ciudadanos y eso es muy preocupante, ya que deja ver la ineficacia gubernamental”, mencionó Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

De 2017 a 2019 aumentó en 7.5 por ciento el número de personas por cada 100 mil habitantes que fueron víctimas directas de un acto de corrupción.

De acuerdo con la encuesta, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017, a 15 mil 732 en 2019, el 15.7 por ciento del total.

La tasa de incidencia de actos corruptivos pasó de 25 mil 541 por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30 mil 456 en 2019, según el informe del Inegi.

El mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.2 por ciento de los casos.

Seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 25 por ciento.

Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los datos demuestran que a la corrupción se le combate con acciones y programas gubernamentales eficaces, dirigidos a erradicarla, y no solo por la emisión de decretos presidenciales o por declaraciones verbales en el marco de una conferencia de prensa.

“Este dato es una prueba contundente del aumento de la corrupción, y que en realidad no se ha emprendido un combate a la misma, aún cuando el Gobierno Federal usa narrativamente el combate a la corrupción para disfrazar medidas autoritarias, como las acciones emprendidas para recuperar el monopolio de la industria eléctrica para la CFE. Los discursos, demuestra lamentablemente el Inegi, no ayudan a desaparecer la corrupción de México”, señaló el organismo.

Pablo Montes Mendoza, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que en la medida en que los trámites en México sigan siendo por medio de ventanilla, seguirá habiendo corrupción.

“Tenemos que transitar hacia un esquema de gobierno electrónico y digital donde la ciudadanía pueda realizar sus trámites mucho más fácil y pueda haber un seguimiento”, agregó.

De acuerdo con el reporte del Inegi, la corrupción preocupa al 52.8 por ciento de la población en el país, y es el segundo factor de inquietud, después de la inseguridad, con 78.6 por ciento de menciones.

De los 5.8 millones de habitantes que sufrieron algún acto de corrupción, el 81 por ciento no denunció, y la mayoría señaló que esto es porque sería inútil y una pérdida de tiempo.

En lo referente a la confianza de la población en personas, instituciones o actores de la sociedad, se estima que en 2019, las personas confiaron más en sus familiares, así como en las escuelas públicas de nivel básico, con 86.8 por ciento y 75.1 por ciento, respectivamente.

El menor grado de confianza se presentó en los partidos políticos con 24.6 por ciento.

Fuente: El Financiero