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México

Crece la pobreza en México a pesar de programas sociales

Aun y con programas sociales, en dos años el número de mexicanos en situación de pobreza aumentó medio millón, al pasar de 52.8 millones en 2010 a 53.3 millones de personas en 2012. De ese total, 11.5 millones se encontraban en extrema pobreza y 41.8 millones en pobreza moderada con problemas de acceso a vivienda, alimentación, educación y educación de calidad.
Así lo revela en Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2014, presentado por Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Al exponer los resultados, Hernández Licona puntualizó que el hecho de que existan una gran cantidad de programas sociales, no quiere decir que todos estén bien focalizados. Para 2014, el Coneval detectó que había 5 mil 904 programas de desarrollo social, 233 de los cuales eran del Gobierno Federal; tres mil 788 estatales y mil 883 operados a nivel municipal.
Comentó que dos grandes problemas que no permiten salir de la pobreza a millones de mexicanos es que el poder adquisitivo se ha caído conforme pasan los años y que la evolución del salario mínimo se ha mantenido.
“¿Qué dejamos de hacer en 50 años para que otros países nos dieran la vuelta?”, cuestionó al tiempo que señaló que “el enfoque de acceso efectivo de derechos sociales necesita definiciones en el marco institucional, pues no tiene indicadores claros que señalen el cumplimiento al acceso efectivo a los derechos. No se plateó desde el Congreso el financiamiento para el corto, mediano y largo plazos para el cumplimiento”, dijo.
El titular del Coneval enfatizó que los programas productivos no han tenido resultados adecuados y la productividad de pequeños productores es muy baja. “No por acercarles a las familias los programa productivos se está resolviendo el problema”.
REZAGO EDUCATIVO
Si bien se destaca que hay avances para los mexicanos, el rezago en educación pasó de 20.7% en 2010, a 19.2% para 2012; esto significó que 22.6 millones de personas tenían un rezago educativo.
De ese total, 2.6 millones eran niños entre tres y 15 años que no asistieron a la escuela. De los mayores de 15 años, 14.5 millones de personas nacidas hasta 1981 no terminaron la Primaria y 5.5 millones nacidas a partir de 1982 no concluyeron la secundaria, “lo cual indica que la cobertura de los servicios de educación básica para los grupos poblacionales con rangos de edad más elevados era mucho menor”.
Fuente: El Exprés

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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