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Dinero

Crecen 224% quejas contra los cobradores de deudas

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El uso de ofensas y diversas formas de maltrato, la prepotencia y las amenazas provocaron el aumento de 224.4% de las quejas de los usuarios contra los despachos de cobranzas, contratados por 294 instituciones, pero principalmente por tres bancos comerciales, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) al Congreso de la Unión.

En el reporte entregado a senadores y diputados federales se detalla que las quejas se centran en 241 de los 343 despachos de cobranzas registrados, pero la mayoría es en contra de Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada S.A, de C.V; Federal Colecction Bureau S.A, de C.V, y Servicios Técnicos de Cobranza S.A, de C.V.

Precisa que durante el primer semestre de 2014 se registraron 657 mil 196 atenciones a usuarios, mientras que en el mismo periodo de 2015 aumentaron a 774 mil 693; es decir, hubo un incremento de 17.9%, pero se observan los mayores incrementos en las derivadas por las controversias en torno a las empresas de cobranzas y por las asesorías jurídicas penales.

Para el caso de las controversias por la cobranza, precisa que en 2014 proporcionó cuatro mil 997 atenciones a usuarios y en este año registró 16 mil 210 atenciones a usuarios, lo que implica un crecimiento de 224.4 por ciento.

En el caso de las asesorías jurídicas penales atendidas, pasaron de cinco a 84, lo que implica un aumento de mil 580 por ciento, como efecto, principalmente de los derechos que tienen ahora los usuarios, luego de la Reforma Financiera.

Hacia el 30 de junio de este año, la Condusef precisa que el número de quejas atendidas en materia de despachos de cobranzas fue de 15 mil 750, de las cuales están pendientes por atender sólo dos mil 915; es decir, la gran mayoría de ellas ya fueron resueltas.

El número de instituciones que recibieron queja fue de 294, pero principalmente BBVABancomer; Banco Nacional de México; Tarjetas Banamex, Banco Santander y Santander Consumo.

Excélsior

Chihuahua

Expone secretario de Hacienda Paquete Económico 2026 ante el Congreso del Estado

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El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, expuso ante diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado, la conformación del Paquete Económico 2026, a quienes despejó dudas sobre el ejercicio del gasto.

Durante la reunión, en la que estuvo acompañado de su equipo de colaboradores, explicó que gracias al orden y a las políticas implementadas para mantener equilibrio en las finanzas, la administración de la gobernadora Maru Campos ha sostenido el ritmo del Gobierno, para destinar recursos a programas como MediChihuahua, Seguridad, Educación y Protección Social.

Informó que para Educación se destinarán más de 35 mil 385 millones de pesos (mdp); en transferencias a municipios, más de 18 mil mdp; para Justicia y Seguridad, 14 mil 177 mdp y para Salud, 11 mil 202 mdp.

Para Protección Social se asignarán más de 9 mil 358 mdp; 3 mil 532 mdp en programas de inversión pública; un presupuesto superior a los 2 mil mdp para reactivación económica y el resto del presupuesto para otros sectores.

Agregó que la contribución a la Cruz Roja se calculará en UMAS y que el Impuesto Universitario, que en otros estados es del 6 por ciento, en Chihuahua se mantiene al 4 por ciento.

La intención, dijo, es homologarlo para continuar con el cumplimiento de los convenios que se tienen con las universidades autónomas de Ciudad Juárez y de Chihuahua.

También comentó que para continuar con la obra pública en la entidad, se propone un incremento temporal por dos años del 1 por ciento en el Impuesto Sobre Nómina (ISN), cuyos recursos quedarán etiquetados de manera que no se destinen al gasto corriente

Detalló que, en el Paquete Económico, se presenta la solicitud para la autorización de un crédito a largo plazo por 3 mil mdp que será destinado a inversión pública y recordó que al mejorar las calificaciones crediticias, se puede acceder a préstamos con mejores tasas.

Señaló que la intención es hacer crecer al estado sin reducir los recursos para salud, educación, seguridad o protección social.

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