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Crisis de derechos humanos no la puede resolver solo la CNDH: Rosario Piedra

Las acusaciones que pesan sobre la gestión de Rosario Piedra Ibarra frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) forman parte de una serie de ataques y calumnias que se promueven con fines políticos y aprovechando la ocupación de las oficinas de ese organismo en diversos puntos del país por organizaciones feministas.

Así lo señaló la propia Piedra Ibarra durante una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien además dijo que la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país no puede resolverse únicamente desde la CNDH.

“Es consecuencia de una crisis generada por omisiones del pasado, de muchos años que no podemos negar y rescoldos que persisten, por ello la defensa a los derechos humanos es un asunto de Estado, no puede ser tarea solo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mucho menos que se pueda resolver aisladamente, es menester y esfuerzo extraordinario sumar a autoridades de todos los niveles”.

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Afirmó que reivindica la lucha en contra de los feminicidios, desaparición forzada, impunidad y en pro de las víctimas.

“Reconocemos que la violencia de genero y violencia feminicida necesitan soluciones urgentes, hemos actuado tan es así que hemos emitido varios exhortos a las autoridades para que se atienda como asunto prioritario”, aseguró.

Señaló que las mujeres que ocupan las oficinas de la CNDH en la Ciudad de México no son “el enemigo a vencer” pero también dijo que la comisión es más que un edificio y se han instalado módulos móviles en varios puntos de la ciudad para hacer la recepción de quejas más accesible.

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Relató que el pasado 2 de septiembre cuando se atendió en las instalaciones de la CNDH de la Ciudad de México a un grupo de personas que tienen un plantón en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CNDH fungió como mediador entre los quejosos y este organismo; sin embargo, tres personas más permanecieron en las instalaciones a modo de protesta.

Afirmó que las tres víctimas cuentan con el acompañamiento de la CNDH, pero dos días después se apersonaron organizaciones feministas invocando solidaridad a las víctimas y para entregar un pliego petitorio con tres demandas dirigido al gobierno federal.

“Consciente de nuestro papel y responsabilidad hemos estado buscando acercamiento con la total disposición de iniciar un dialogo al que se han sumado representantes del gobierno federal”.

Respecto a las acusaciones en torno al dispendio en alimentos gourmet en las instalaciones ocupadas de la CNDH, Piedra Ibarra afirmó que consume los mismos alimentos que todo el personal, incluido el de limpieza.

Afirmó que el gasto mensual promedio para abastecer entre 30 y 50 platillos diarios para el personal de ese edificio era de 30,190 pesos.

“Se servían diariamente entre 30 y 50 comidas algunas de las cuales se servían a personas que iban a hacer tramites y el menú era como el de cualquier hogar de la clase media y lo que se presento como cortes fines era bistecs y chamberete. Lo que comí yo era lo mismo que el personal de limpieza y vigilancia”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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