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Resto del mundo

Cristina Fernández e hijos, a juicio oral por corrupción

Un juez de Argentina resolvió elevar a juicio oral una causa contra la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández (2007-2015) y sus hijos, Máximo y Florencia, por supuestas maniobras de lavado de dinero mediante una empresa familiar, difundieron este miércoles fuentes judiciales.

La medida fue adoptada por el juez Julián Ercolini, quien pidió que sienten en el banquillo a más de una veintena de personas, entre ellas, al empresario Lázaro Báez -ya en prisión preventiva desde 2016- y sus hijos.

De acuerdo al escrito, firmado este martes, a Fernández se le acusa de dirigir «entre 2009 y 2016 un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces S.A».

A través de dicha sociedad, habría legitimado «una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada sociedad comercial».

La empresa Los Sauces, creada en 2006 por Fernández, su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, y su hijo Máximo, se dedica a administrar activos inmobiliarios de la familia Kirchner y es investigada por presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con supuestas transacciones con empresarios cercanos al kirchnerismo.

Explicaron que, a través de Los Sauces, Fernández habría adquirido «una serie de propiedades, terrenos y hoteles en la provincia de Santa Cruz (sur del país) y en la ciudad de Buenos Aires» con «la finalidad de contribuir en la formación del vehículo que permitió canalizar dinero ilegítimo en favor de su familia».

A Máximo Kirchner, diputado de 41 años, se le acusa de ser «organizador» y a Florencia, de 28 años, por «haber tomado parte en una asociación ilícita, en calidad de miembro».

Asimismo, imputaron a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y a la sobrina de Cristina Fernández, Romina Mercado.

En la resolución, el juez mandó también «anotar» la detención de Víctor Alejandro Manzanares, antiguo contador de los Kirchner, a «exclusiva disposición del tribunal que resulte desinsaculado».

Por otra parte, rechazó los planteos de algunos investigados, que pidieron quedar exentos de la elevación a juicio.

Procesada en seis causas, la mayoría por presunta corrupción, contra la exmandataria ya hay elevadas a juicio cuatro: el único que tiene fijada fecha empezará en febrero, por presuntamente haber encabezado una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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