El campo de adiestramiento clandestino del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, ha destapado una serie de omisiones e inconsistencias que revelan las profundas fallas en las fuerzas de seguridad de Jalisco.

Este miércoles 19 de marzo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer una serie de irregularidades que datan de la primera intervención en el predio, realizada entre septiembre y octubre de 2024.  La falta de diligencia y los errores en las investigaciones iniciales marcaron el inicio de un caso que, más que esclarecer los hechos, ha dado paso a más interrogantes.

Desde la recolección de huellas dactilares, el aseguramiento de vehículos, la identificación de la indumentaria hallada, hasta la custodia misma del inmueble, son solo algunas de las omisiones que la fiscalía estatal dejó de lado, y que el titular de la FGR expuso en una conferencia de prensa.

A pesar de que el caso ha generado una ola de indignación a nivel nacional, Alejandro Gertz Manero aclaró que aún no se dispone de dictámenes periciales concluyentes que permitan confirmar que el Rancho Izaguirrefuncionaba como un campo de exterminiooperado por el CJNG, ni existen pruebas contundentes sobre la implicación de autoridades locales en el crimen.

«No contamos con dictámenes periciales definitivos que nos permitan afirmar que este lugar era un campo de exterminio», destacó Gertz Manero. Sin embargo, uno de los elementos clave que podría arrojar nueva luz sobre el caso son unas credenciales encontradas en el predio, las cuales pertenecen a los presuntos sicarios. Según el fiscal, estosindividuos fueron detenidos en distintos estados del país y actualmente enfrentan procesos judiciales.

Rancho Izaguirre del CJNG: Lo que sabemos de los sicarios detenidos

Aunque el fiscal general de la República no detalló cuántos ni quiénes son los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fueron detenidos en otras entidades tras haber pasado por el campo de adiestramiento en el Rancho Izaguirre, conocido como la «escuelita del terror», una de las pistas clave apunta a la Policía Municipal de Tala.

Varios de sus elementos fueron acusados de participar en delitos de desaparición forzada, meses antes de la intervención del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el predio de Teuchitlán. Según la información proporcionada por la fiscalía de Jalisco, se han documentado otros casos relacionados con la Policía de Tala.

En uno de ellos, una víctima identificó a los policías municipales como los responsables de su captura y traslado al lugar donde ocurrieron los hechos. La colusión entre algunos elementos de seguridad y miembros del crimen organizado quedó al descubierto gracias al testimonio de la víctima que logró sobrevivir a su paso por el Rancho Izaguirre.

Como resultado, la fiscalía estatal giró órdenes de aprehensión contra los agentes implicados. Sin embargo, de las tres órdenes emitidas, solo se ha ejecutado una hasta el momento.

¿Policía de Tala detrás del caso Teuchitlán?

Según reportes periodísticos de octubre de 2024, Emmanuel «A» fue detenido por su presunta participación en un caso dedesaparición forzada, ocurrido horas antes de su cambio de turno y apenas cuatro meses después de haberse incorporado como miembro activo de la Dirección de Seguridad Pública de Tala. En cuanto a los otros dos implicados, se informó que fueron dados de baja de la institución y actualmente se encuentran prófugos.

Aunque el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que aún no se puede confirmar si la víctima corresponde a alguna de las personas rescatadas durante la intervención de la Guardia Nacional en el predio de Teuchitlán en septiembre de 2024, los reportes de medios locales sugieren que el testimonio apunta a una de las dos personas que estaban privadas de su libertad.

El policía municipal detenido, identificado como el undécimo arrestado en la operación, formaba parte de la delegación que, tras recibir una alerta anónima a través del C5, acudió al Rancho Izaguirre. Según el relato del fiscal, los agentes de policía preventiva fueron atacados a balazos, por lo que respondieron al fuego, tomaron el control del lugar y lograron ladetención de 10 personas. Durante la operación, dos personas fueron rescatadas, mientras que una más perdió la vida.

El informe de intervención realizado por la fiscalía estatal no sólo documenta el aseguramiento de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, sino también posibles indicios de actividades relacionadas con el CJNG, lo que apunta a la participación de delincuencia organizada. A pesar de que ambos delitos son de fuero federal, Alejandro Gertz Manero aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no fue informada de estos detalles.

La implicación de la Policía Municipal en los crímenes de Jalisco

El caso del policía de Tala vinculado aactividades criminales en el Rancho Izaguirre ha destapado un patrón alarmante de complicidad dentro de las fuerzas de seguridad en Jalisco. Además del agente detenido en Teuchitlán, informes de la fiscalía estatal han revelado que elementos de otras corporaciones municipales también están siendo procesados por delitos similares, lo que subraya la magnitud del problema.

En marzo de 2024, cuatro policías municipales de Tlajomulco de Zúñiga fueron detenidos por su probable responsabilidad en la desaparición de un hombre. La víctima, interceptada por los agentes bajo el pretexto de un robo de vehículo, fue llevada por la fuerza tras un tiroteo que dejó a su hijo de 10 años en el lugar. Tras la investigación, los policías fueron arrestados por su implicación en este delito de desaparición forzada.

Este caso no es aislado. En mayo de 2023, otros cuatro policías municipales de Tala fueron detenidos por su participación en un caso similar ocurrido en 2021. También fue arrestado el comisario de la policía municipal de Tala, lo que sugiere una red de complicidad dentro de la institución, relacionada con actividades del crimen organizado.

El creciente número de casos de desapariciones forzadas vinculadas a policías municipales ha generado una creciente preocupación por la corrupción y la colusión con el crimen organizado en Jalisco. La indignación pública sobre el caso del Rancho Izaguirre ha puesto en evidencia la necesidad urgente de una reforma profunda en las instituciones de seguridad pública para frenar estos abusos.