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Cuáles son los argumentos de México para demandar a los fabricantes de armas en EEUU

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El Gobierno de México interpuso una demanda contra 10 compañías estadounidenses en un tribunal federal de Massachusetts, acusándolas de facilitar la venta de armas a los cárteles del narcotráfico.

Básicamente, las autoridades mexicanas responsabilizaron a los fabricantes de armas de Estados Unidos por la violencia desenfrenada que aqueja al país.

Por ello, buscan una reparación económica de hasta 10 mil millones de dólares (USD). Entre las empresas señaladas se encuentran Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Company.

El gobierno mexicano cuenta con dos argumentos principales para este caso. El primero versa concretamente sobre un tema de marketing. Y es que en la demanda se detalla que los fabricantes de armas han comercializado en formas que apuntan específicamente al crimen organizado.

REUTERS/Stringer FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.REUTERS/Stringer FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Como ejemplo, señalaron el caso de la periodista de investigación Miroslava Breach, corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua. En marzo de 2017, la asesinaron cuando estaba en su automóvil con uno de sus hijos, a quien estaba a punto de llevar a la escuela.

El arma que se utilizó para matarla fue una pistola Colt 38 de edición especial, la cual estaba grabada en un lado con el rostro de Emiliano Zapata, y en el otro lado con una frase que comúnmente se le atribuye al revolucionario: “es mejor morir de pie que vivir de rodillas”.

El gobierno de México argumentó que ese grabado es el tipo de marketing que se dirige específicamente a los cárteles de la droga.

No obstante, expertos legales estadounidenses han señalado que es perfectamente legal grabar una pistola con la imagen de Emiliano Zapata o cualquier otro héroe revolucionario mexicano. Por ello, advirtieron, será muy difícil demostrar que ese tipo de marketing apunta específicamente a los grupos del crimen organizado.

La última pistola confiscada a Joaquín "El Chapo" Guzmán (Foto: Diana Zavala/Infobae México)La última pistola confiscada a Joaquín «El Chapo» Guzmán (Foto: Diana Zavala/Infobae México)

El segundo argumento hizo hincapié en la forma en que los fabricantes de armas venden su mercancía. El gobierno mexicano argumentó que los fabricantes de armas no están haciendo un monitoreo correcto de seguridad para asegurarse de que sus armas no lleguen a compradores falsos, que luego se encargan de traficarlas a México.

Las autoridades mexicanas afirmaron que los fabricantes de armas comercializan con cualquier distribuidor que cuente con una licencia, esto a pesar de los múltiples señalamientos contra los distribuidores por supuestamente conspirar con compradores falsos.

De acuerdo con el diario The New York Times, este también será un argumento complicado de demostrar en la corte, no solo por la dificultad de demostrar que en efecto fueron descuidados, sino también para poder demostrar que los fabricantes de armas realmente sabían exactamente a dónde iba destinada su mercancía. El descuido no es considerado un delito, advirtieron especialistas, por lo que se debe cumplir con un estándar legal bastante alto para que ese argumento se lleve a cabo en los tribunales.

El propio gobierno mexicano ha reconocido que existe una barrera muy alta para aclarar estos estándares legales en los EEUU. Sin embargo, recalcó que también podrían presentar lo que sería un argumento legal completamente nuevo, enfocado principalmente en la PLCAA, un estatuto federal que protege a los fabricantes de armas en EEUU.

EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo
EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

México argumentó que ese estatuto federal nunca contempló lo que sucedería si un país extranjero presenta una demanda contra los fabricantes. Y es que a pesar de que esta ley impide que los ciudadanos estadounidenses demanden a los fabricantes de armas por los delitos cometidos, advirtieron que ello no aplica si esos delitos se cometieron en otro país.

El tribunal federal de Estados Unidos que examina la demanda interpuesta por el Gobierno de México contra los principales fabricantes de armas, fijó plazos para los primeros procedimientos del caso, aseguraron este domingo funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La semana pasada, el tribunal de Massachusetts aprobó el calendario propuesto por las partes relevantes. “Las empresas demandadas tendrán hasta el 22 de noviembre de 2021 para presentar su respuesta a la demanda mexicana y oponerse a las defensas legales que consideren pertinentes”, informó en un comunicado

Posteriormente, el gobierno mexicano tendrá hasta el 31 de enero de 2022 para responder y las empresas demandadas deberán presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero de 2022.

FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COMFOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM

El pasado 17 de septiembre, el juez F. Dennis Saylor, de Massachusetts, aceptó una petición de los abogados de las 11 empresas armamentistas denunciadas para que los próximos movimientos puedan llevarlos a cabo de manera conjunta.

Se espera que el proceso concluya en el primer semestre del próximo año.

México, con una población de 126 millones de habitantes, se ha visto afectado por una violencia letal generalizada desde diciembre de 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón inicio la controvertida Guerra contra el narco.

Desde entonces, según cifras del gobierno, más de 300.000 personas han sido asesinadas en México, la mayoría por armas de fuego y en hechos relacionados con el crimen organizado.

México

¿Cuántos desaparecidos hay en México?

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Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México. Desde 2006 a la fecha, solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, la funcionaria detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, 46 mil 724 tienen datos insuficientes para emprender su búsqueda, mientras que 40 mil 308 personas reportan actividades y registros después de su fecha de desaparición.

«El 36% del total que no tienen datos completos, por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda aun así y se mantienen en el registro», explicó.

Puntualizó que antes de la reforma en materia de personas desaparecidas en 2025, no se solicitaban datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida en el Registro Nacional. La funcionaria mostró casos que no tienen dirección, teléfono de contacto ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda.

Mientras que 40 mil 308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda, sin embargo, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Entre ellos, matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.

«Una persona fue registrada como desaparecida en el año 2010, aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales», dijo.

«El tercer grupo de 43 mil 128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición», mencionó.

Esta mañana, Figueroa Franco presentó un informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que destaca que de 394 mil 645 registros del RNPDNO, 66% ya fueron localizadas, o sea 262 mil 111 personas, de las cuales, 240 mil 211 fueron encontradas con vida y 21 mil 900 sin vida.

Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

La titular del Secretariado Ejecutivo mencionó que en los casos de personas que muestran indicios de su localización, se requiere una prueba de vida o en su caso, de fallecimiento, por lo que el Gobierno Federal ha implementado una estrategia que contempla dos rutas.

«La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida la cual se integra al expediente para la actualización del caso», explicó Figueroa Franco.

Sin embargo, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a dependencias como el Instituto Nacional Electoral (INE) o compañías telefónicas y una vez obtenida, se aplica el mismo procedimiento de verificación.

Señaló que este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Afirmó que debido a esta estrategia, ya fueron ubicadas 5 mil 269 personas y se cambió su estatus de desaparecidas a localizadas en el Registro.

«Un ejemplo concreto es el caso de Enrique N, reportado como desaparecido en 2016. La plataforma de este cruce de registros detectó mil 500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales. Lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida», dijo.

Sobre los casos que sí reportan datos completos para su búsqueda, la titular del SESNPS, explicó que el 71% (43 mil 128 registros), fueron integrados por fiscalías estatales al Registro Nacional y solo 3 mil 869 cuenta con una carpeta de investigación, mientras que 26 mil 611 son reportes únicamente.

«La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones locales de búsqueda que suman 10 mil 854 casos. Y por último, mil 794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda», refirió.

Para finalizar, Figueroa Franco mencionó que de 2006 a 2026, de 46 mil 742 personas el 36% del total no tienen datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308, el 31% del total tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización de 43 128 registros, el 33% del total.

Afirmó que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas, de las cuales, 92 de cada 100 casos se localizan con vida y en 96 casos de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito.

Por último, destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.

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