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¿Cuándo operan los porros en la UNAM y por qué se llaman así?

Este lunes por la tarde, grupos de jóvenes armados con piedras, cohetones, y bombas molotov atacaron a estudiantes del CCH Azcapotzalco y otros planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se manifestaban en forma pacíca en la explanada de la Torre Rectoría para exigir solución a su pliego petitorio y que resultó con varios estudiantes heridos.

Estos jóvenes fueron identicados por el propio rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers como integrantes de los grupos conocidos como “32”, del CCH Azcapotzalco; “3 de marzo”, del CCH Vallejo; la “Federación de Estudiantes de Naucalpan”. Pero, ¿sabes desde cuándo operan estos grupos y por qué el nombre de «porros»?. El origen de estos grupos y del calicativo de «porros» se remonta, según Imanol Ordorika, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a nales de los años 50, donde convergieron la tradición de violencia y pandillerismo universitario de los grupos conservadores tradicionales, con las formas corporativas y autoritarias del Estado mexicano.

En su investigación «Violencia y porrismo” en la educación superior en México», Ordorika detalla que para la década de los cincuenta se constituyeron las federaciones estudiantiles a imagen y semejanza del aparato de control sindical de ese tiempo y es cuando adquieren el calicativo de «porro». «Las conexiones estrechas entre estos grupos de pandilleros, al servicio de las autoridades universitarias y el gobierno, con los equipos de futbol americano y sus animadores, dieron lugar al calicativo de “porros” con el que se les conoce hasta nuestros días». El ex dirigente estudiantil del CEU considera que tras el movimiento estudiantil de 1968 las grandes federaciones que habían existido desaparecen pero con la represión se multiplicaron los grupos de pandilleros y provocadores.

«El porrismo de la capital adquirió rasgos más violentos; se hizo más presente en muchas escuelas y facultades no sólo a través de actos de provocación, delación y control, sino también en actos puramente delictivos como robos y atracos, hostigamiento sexual y golpizas frecuentes. Siguió siendo cobijado y utilizado con nes políticos por autoridades de distintos tipos, mantuvo su asociación a las actividades deportivas de los planteles y se expresó frecuentemente en las competencias al interior de las escuelas y entre las grandes instituciones». Imanol Ordorika señala que el porrismo mantiene tintes políticos, de carácter provocador y delincuente de estos años «es el que se ha arraigado más en la percepción de la sociedad y el que está más asociado al calicativo de porro aún hasta nuestros días».

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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