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Opinión

CUANDO EL PASADO NOS ALCANZA POR VÍCTOR OROZCO

La candidatura de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos va y viene. Ora queda descartada, ora se coloca en la antesala de la Casa Blanca. A unos días de las elecciones, las encuestas apuntan a un empate entre la otrora inalcanzable Hillary Clinton y el empresario neoyorquino. Hasta hoy, la moneda se encuentra en el aire.

Gane o pierda Trump, quedará el inusitado despliegue de una ola de xenofobia, especialmente anti mexicana entre millones y millones de norteamericanos. El odio contra los migrantes alcanza por supuesto a quienes viven en suelo de Estados Unidos desde hace varias generaciones. Cómo sucedió contra los japoneses durante la segunda guerra, cuando vecinos por cincuenta o cien años, fueron hostigados y confinados en campos de concentración. Los efectos de la actual irrupción masiva de odio, perdurarán. Y no hablamos de cientos de miles de japoneses, sino de decenas  de millones de hispanos, como se les llama en EEUU a los de habla castellana o descendientes de éstos. Pero, sobre todo hablamos de la nación mexicana, de nuevo convertida en el «enemigo», remitente de asesinos, secuestradores y violadores.

En la explicación de las circunstancias presentes, no debemos olvidar que México ha sido un sostenido y perenne referente para el gobierno y la sociedad norteamericanos. Los mexicanos siempre hemos estado en la historia de los Estados Unidos: antes de llamarnos así, durante el imperio español y luego, con gran intensidad desde la independencia. En esta incesante presencia, destaco lo ocurrido durante el período de la revolución mexicana, en las vísperas de la I Guerra Mundial, o de la llamada «paz armada». Parecería que este hito en las relaciones y confrontaciones mexico-norteamericanas es demasiado remoto para ayudarnos en la reflexión sobre los días que corren. Sin embargo, en la escala de vida de las naciones, un siglo equivale a un año de la efímera existencia personal. No estamos pues tan lejanos.
Por lo menos una década antes de la guerra europea, para Estados Unidos era indispensable construir una doctrina militar propia de un gran ejército, similar a los de sus pares europeos. Los estrategas sabían también de la escasa preparación de sus fuerzas armadas, que habían pasado de más de un millón de hombres en las filas unionistas al final de la guerra de secesión, a menos de cien mil en los inicios del siglo XX. México, se ofreció entonces, como lo que había sido siempre para los Estados Unidos: un territorio a conquistar, un enemigo a vencer, un campo de fogueo. Y se diseñaron agendas en las tres vertientes: ya para anexarse al país completo, ya para derrotarlo y someterlo  o, finalmente, al menos servirse del mismo para aplicar las teorías y tácticas surgidas en sus academias y colegios militares. Los pretextos y provocaciones nunca fueron problema para comenzar las hostilidades, uno baladí, sirvió para ocupar Veracruz en abril de 1914, aprovechando la guerra civil. Con el gobierno de Huerta acorralado por los ejércitos constitucionalistas y las guerrillas zapatistas, las posibilidades de una resistencia eran escasas. Luego, tuvieron una coartada mayor, proporcionada por el asalto de una partida de villistas al pueblo de Columbus, en marzo de 1916. El proyecto  del Plan Green, cuyo objetivo era la anexión, (a la versión de 1846-48 se le llamó «all Mexico») se quedó en los cajones, pero se alcanzaron otros propósitos. Tanto en Veracruz como en Chihuahua, el ejército y la armada norteamericanos obtuvieron enormes beneficios en el aprendizaje que luego pondrían en práctica en los campos y ciudades de Francia. La coordinación entre soldados de tierra y de la marina, el empleo de tropas motorizadas en gran escala, el uso de aviones en misiones bélicas, las reacciones de la población civil. Asimiladas todas estas experiencias en el campo real, el general John J. Pershing, jefe de la expedición punitiva, pasó a comandar al millón de soldados enviados a Europa.

Esto sucedió hace cien años. En los días que corren, Estados Unidos hace frente a distintos desafíos en el Medio Oriente y sobre todo a una posible confrontación con Rusia y con China. En 1914-16, creció entre sus cúpulas económicas y políticas, la idea de acabar para siempre con la vulnerabilidad del «bajo vientre» norteamericano como varios estrategas han considerado a nuestro país. Hoy, como entonces, en estos cenáculos del poder, las opiniones están divididas. Unos se inclinan a seguir considerando a México como un socio confiable y subordinado. Otros, a encadenarlo de una vez por todas al aparato militar norteamericano. Trump es de éstos y desde luego no está solo. La intervención del FBI a su favor en esta coyuntura electoral, lo revela con claridad. Si pueden, tratarán de tomar posesión de México, en un proceso tan veloz como sea factible. Armas, recursos e instrumentos de todo tipo no les faltan, incluyendo la provocación, en la cual los halcones norteamericanos han sido maestros. Pueden cortar el envío de divisas, provocar una devaluación catastrófica del peso, deportar a millones de residentes, alentar incursiones hostiles, etc., hasta dejar listo el horno para los bollos de una intervención armada.

¿Se antoja imposible y fantasioso este escenario?. Pues en 1916 bien pudo llevarse a término el plan anexionista. Se descartó, pero no para siempre. De cuando en cuando se revive aunque sean muy distintos los escenarios. Si nos atenemos a la pura lógica derivada de las condiciones imperantes en cada país, una guerra entre las dos naciones es inconcebible: cien millones de mexicanos, otros diez en territorio norteamericano, las economías imbricadas a tal punto que separarlas es como intentar cortar la unión entre siameses. Sin embargo, los rumbos de la historia a veces son gobernados por factores cuya influencia huye de lo racional o pronosticable. Algunos historiadores les llaman los «acontecimientos». Una provocación, un estallido de ira masiva, un error en los mandos, la paranoia o los delirios de un líder. Pues bien, el posible arribo de Trump a la presidencia de Estados Unidos es un «acontecimiento». Como lo fue en 1933 la llegada de Hitler al poder en Alemania.

Y bien, los estados que han diseñado una estrategia a largo plazo, sobre todo cuando han de compartir fronteras con imperios, deben considerar estas fuerzas cuya acción se deja sentir en el curso de muchas décadas, como son las dependencias económica y militar. Pero de igual manera, sus dirigentes deben estar listos para responder a los «acontecimientos». Si no gana Trump, algo probable, México debe sacar las conclusiones adecuadas de sus designios y sobre todo del enorme impacto guardado por éstos en amplísimos sectores de la sociedad y del propio gobierno de los Estados Unidos. Los próximos años, deben ser de esfuerzos para preservar un suficiente margen de invulnerabilidad frente a las acciones norteamericanas en los diversos espacios. Esto lo puede hacer un gobierno con amplio apoyo popular y una inteligente conducción política. No hacerlo, equivale a entregarnos atados de pies y manos. Y si Trump gana, pues debe hacerse lo propio de todos modos,  en meses o semanas, sin gobierno popular y con una dirección bastante incapaz. ¿Podremos?.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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