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Cuauhtémoc Blanco, bajo la lupa por desvío de recursos públicos

La Fiscalía del Estado de Morelos investiga al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, por el probable delito de desvío de recursos públicos.

Así lo reveló la presentadora de noticias Denise Maerker en su noticiario “Diez en Punto”, mismo que en días pasados informó de la existencia de un contrato donde el ex futbolista habría aceptado siete millones de pesos para convertirse en candidato del Partido Encuentro Social (PES).

Ex funcionarios de la alcaldía son quienes investigan a Blanco por presuntamente haber ordenado depósitos mensuales a cuentas de ocho familiares suyos y de acuerdo con el noticiario, la Fiscalía indaga si “Cuauh” benefició particularmente a su madre y su padrastro.

La investigación contra el alcalde habría iniciado luego de que ex trabajadores de la alcaldía de ese municipio acusaran al ex futbolista de haber ordenado depósitos mensuales a cuentas bancarias de ocho familiares.

De acuerdo con distintas versiones periodísticas, en sus indagatorias, la Fiscalía estatal solicitó a cinco bancos copias de estados de cuenta de los familiares del ex futbolista para eventualmente constatar si recibieron depósitos en efectivo con dinero de la Tesorería de Cuernavaca.

El presunto desvío de recursos habría comenzado en enero, sólo 15 días después de que Blanco tomara posesión como alcalde, de acuerdo con el noticiero nocturno.

“A mí se me pidió que hiciera esos depósitos. Se me dieron los nombres y los números de cuenta. Eran depósitos mensuales de 20 mil pesos por persona”, aseguró el ex secretario de Comercio de Cuernavaca, Harold Zavaleta quien, afirmó, se opuso a hacer los movimientos y fue despedido.

En la carpeta de investigación que integró la Fiscalía de Morelos, según lo revelado por el noticiero “Diez en Punto”, se pide investigar las cuentas de banco de Hortencia Bravo Molina, madre de Cuauhtémoc Blanco, así como del hermano del alcalde, Ángel Blanco Bravo, y de Leonado Silva Viciconte, padrastro. También se pide investigar a los medios hermanos José Antonio, Ulises y Ricardo Bravo Molina, así como las cuentas de Mauricio y Leonardo Carlos Silva Bravo.

Informador

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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