La historia de Cuba está cambiando. Mientras que hace 63 años el régimen de Fidel Castro no consideraba a los homosexuales
Comparte esta nota
La historia de Cuba está cambiando. Mientras que hace 63 años el régimen de Fidel Castro no consideraba a los homosexuales como “verdaderos revolucionarios”, hoy en día son plenamente reconocidos.
Con el nuevo Código de la Familia que fue aprobado el pasado domingo a través de un referendo, la comunidad LGBTI+ obtendrá mayores garantías sociales en la isla, entre ellas el matrimonio igualitario, la adopción, así como la gestación subrogada.
Fue la Conferencia Episcopal de Cuba y sus obispos los únicos que se manifestaron en contra de esta decisión, remarcando que era contrario a los valores y a la fe católica.
“No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación los contenidos de la llamada ‘ideología de género‘”, recalcó.
A pesar de la postura contraria de la Iglesia, más de tres millones de cubanos le dieron el sí al nuevo Código, mientras que más de un millón votaron en contra, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Cuba.
A través de medios de comunicación y redes sociales, el gobierno federal difundió la aprobación del Código con el hashtag #YoVotoSí y #CódigoSí, alcanzando una difusión nacional al ser los medios propiedad del Estado.
Con el nuevo proyecto federal también se buscará enfrentar la violencia doméstica e impulsar la protección de los derechos de ancianos y menores.
Además, abrirá vías para que los abuelos adquieran responsabilidad parental sobre sus nietos en caso de un divorcio entre los padres.
También, con el Código se permitirá que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos y ampliará la protección de adultos mayores o discapacitados, entre otras garantías.
Con la aprobación del nuevo proyecto, se sustituye el anterior redactado en 1979, contribuyendo “a democratizar aún más las relaciones intergeneracionales”, de acuerdo con Mariela Castro, defensora de la comunidad LGBTI+ en Cuba.
Referente democrático en Cuba
En cuanto se oficializó la aprobación del nuevo Código de la Familia, el presidente Miguel Díaz-Canel celebró la noticia, destacando a través de un video que “se había hecho justicia”, pues se había saldando una deuda que tenían con generaciones de cubanas y cubanos que llevaban años esperando por un cambio.
“A partir de hoy seremos una nación mejor, más completa, más democrática, más justa (…) Ha ganado Cuba, ha ganado todo el pueblo al darse más derechos. Hemos ganado en justicia social”, resaltó el jefe de Estado.
Para Nayar López Castellanos, politólogo latinoamericanista de la UNAM, el referendo para votar por el Código de la Familia debería retomarse en otros países “para finalmente romper con las cadenas conservadoras que todavía persisten en el mundo”.
De acuerdo con él, con la victoria del “sí” Cuba se convierte en un territorio que avanza en la región y a nivel mundial, reflejando una sociedad que ha crecido en materia de igualdad, pero que aún así debe seguir trabajando contra la homofobia y el machismo.
“De esta votación destaco el proceso democrático que existe en la isla en el sentido de que las cosas se ponen a consulta. Rompe mucho con el mito de la dictadura, de que no hay democracia en Cuba.
“¿Qué país pone a consulta algo, si no es una nación que tiene un sistema democrático, si hay participación?”, destaca el docente.
En entrevista, López Castellanos opina que más que beneficiar al gobierno y al presidente Díaz-Canel, la aprobación del nuevo Código de la Familia favorece a la sociedad misma, que fue la que tomó la decisión de actualizar diferentes aspectos de la Constitución a través de un referendo.
Antes de que el nuevo Código entrara en un votación a nivel nacional, ya había sido discutido en el Parlamento y había tenido una serie de consultas entre académicos de diferentes áreas.
“El Código ya era una producto de discusión colectiva, pero el hecho de que se apruebe es un punto a favor de una sociedad que tiene sus propios métodos de participación a los que algunos no estamos acostumbrados”, menciona el especialista.
A pesar de que con este nuevo proyecto las y los cubanos tienen más garantías sociales, no se espera que dejen de manifestarse en favor de mayores libertades, como la de expresión y garantías económicas, que fueron algunos de los rubros por los cuales en julio pasado se alzaron contra el gobierno federal.
Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.
De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.
Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.
El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.
El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.
El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.
La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.
Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.
El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.