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Cuba destapa red de funcionarios que adulteraba medicamento infantil

La Fiscalía General de Cuba (FGR) destapó una red de funcionarios y obreros que adulteraba un medicamento de consumo infantil para su venta en el mercado negro, una práctica que prolifera en medio del desabastecimiento en las farmacias cubanas, informaron este jueves medios oficiales.

El delito, descubierto en uno de los laboratorios de la empresa estatal de medicamentos BioCubaFarma, consistía en sustituir el principio activo metilfenidato por una sustancia placebo en la fabricación del fármaco comercializado como «Ritalin».
Las medicinas adulteradas llevaban un «placebo que es utilizado para la limpieza de las máquinas una vez concluida cada producción de medicamentos», especificó la FGR en un extenso artículo a página completa del estatal diario Granma.

«Como consecuencia estos productos fueron introducidos en farmacias de la capital y posteriormente vendidos a padres de niños que reciben este medicamento por las patologías que presentan», el «punto más triste e indignante» del reporte oficial, insiste Granma, órgano del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único).

Los responsables, según la investigación, son varios trabajadores de un laboratorio farmacéutico del municipio Boyeros de La Habana, entre ellos «la jefa de brigada de la máquina de ‘blisteo’ (empaque), un operario, un jefe de turno y estibadores de la Empresa Provincial Minorista de Medicamentos del Este».

De acuerdo al grado de participación, los implicados recibieron sumas en efectivo de más de 1.500 CUC (equivalente al dólar), muy superiores a los 28 dólares al mes que gana como promedio un trabajador estatal cubano al mes.

En el último año y medio se ha agravado en Cuba el desabastecimiento de numerosos medicamentos debido fundamentalmente a impagos a proveedores extranjeros, pero también a la venta ilegal y otras prácticas fraudulentas en el acceso a los fármacos, según reconocieron en noviembre último las autoridades estatales del sector.

En la isla las medicinas están subvencionadas por el Estado y se pagan en moneda nacional muy por debajo de su valor de mercado, por lo que una parte acaba desviada al mercado ilícito para ser vendidas en divisas.

La dipirona, el analgésico y antipirético más utilizado en Cuba; los diuréticos que forman parte del tratamiento contra la hipertensión, los antihipertensivos, antihistamínicos, y las pastillas anticonceptivas, son algunos de los medicamentos desaparecidos de los estantes.

La Fiscalía General abrió expedientes a otros trabajadores de BioCubaFarma por la «comercialización de medicamentos en el mercado informal» en especial los llamados «controlados», medicamentos de alta gama vendidos a pacientes crónicos.

En una de las sucursales del grupo estatal en La Habana se detectó la pérdida de dos bultos de fármacos valorados en 4.274 pesos cubanos (unos 170 dólares).

Otros delitos fueron descubiertos directamente en las farmacias, donde se vendían productos en falta a precios mayores que los establecidos y sin prescripción médica.

En uno de estos casos, en una farmacia del municipio capitalino de 10 de Octubre, estuvieron involucrados menores de edad.

«Los referidos casos se encuentran en tramitación algunos y otros se presentaron a los tribunales con solicitud de sanciones severas, atendiendo a la responsabilidad probada a los acusados, conducta y antecedentes administrativos y policiales», agregó la Fiscalía.

El presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez, reconoció la semana pasada ante el Parlamento cubano que el 2017 «ha sido un año complejo» y «cuando existe escasez proliferan los hechos de indisciplina, sobre todo la sustracción de medicamentos».

Los fármacos más vulnerables a la sustracción son las tabletas, los analgésicos, antipiréticos y otros mucho más costosos, que se sustraen para venderlos en otros países, como los hemoderivados y los biotecnológicos, explicó Martínez.

En Cuba faltan hoy 49 medicamentos, de ellos 44 de producción nacional y cinco importados, dijo por su parte el ministro cubano de Salud, Roberto Morales, que auguró un 2018 «de esfuerzo del país» en este sentido.

BioCuFarma produce 505 (63%) de los 801 fármacos consumidos en el país, para lo que importa más del 85 % de la materia prima, en su gran mayoría comprada en mercados lejanos como China, India, y Europa.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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