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Cuba dice ‘no’ al matrimonio igualitario en nueva Constitución

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Cuba dejó de lado de su nueva Constitución los cambios que allanaban el camino al matrimonio homosexual en la isla, ante una mayoritaria opinión contraria de la ciudadanía expresada en asambleas populares, informó el martes un representante del gobierno.

La comisión, encabezada por el líder del Partido Comunista Raúl Castro, propuso el martes a la Asamblea Nacional de Poder Popular eliminar por completo el concepto de matrimonio del proyecto de Constitución, según la cuenta de Twitter del Parlamento.
En su lugar, el tema debería tratarse en el código de familia que será actualizado poco después de que haya sido aprobada la nueva Constitución. La Asamblea Nacional votará esta semana el borrador constitucional, que será sometido a un referendo nacional a comienzos del 2019.

La Comisión propone diferir el concepto del matrimonio, es decir, que salga del Proyecto de la Constitución, como forma de respetar todas las opiniones», publicó el Parlamento en Twitter. «El matrimonio es una institución social y jurídica», agregó.

La comisión había presentado en julio el primer borrador de la nueva Constitución, para actualizar una vigente desde 1976.La propuesta incluía el Artículo 68 para redefinir el concepto de matrimonio como una «unión entre dos personas» desde la «unión voluntaria entre un hombre y una mujer».

Miles marchan en París contra el matrimonio gay

Si bien muchos jóvenes de zonas urbanas y activistas a favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros aplaudieron la enmienda, la mayoría de los cubanos pareció rechazarla.

Las iglesias evangélicas expresaron su descontento en una fuerte campaña política no gubernamental -algo inusual en Cuba-, con una recolección de firmas y realizando servicios religiosos en protesta.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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