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Cuenta Chihuahua con nuevo protocolo para investigar y atender feminicidios

El Ejecutivo del Estado de Chihuahua publicó en el Periódico Oficial el Protocolo de Actuación para la Investigación del Delito de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, el cual busca eficientar las condiciones para la investigación y atención de los feminicidios en Chihuahua.

La diputada Blanca Gámez Gutiérrez, explicó que se trata de un manual creado con base en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio), instrumento creado por Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales.

El protocolo presenta tres objetivos que se centran en proporcionar orientación general y líneas de actuación para mejorar la práctica de las y los operadores de justicia, expertos forenses y cualquier personal especializado en la investigación y enjuiciamiento de las muertes violentas de mujeres.

Además busca promover la incorporación de la perspectiva de género en la actuación de las instituciones y brindar herramientas prácticas para garantizar los derechos de las víctimas, las y los sobrevivientes y sus familias.

La creación del protocolo tuvo una participación conjunta de la Comisión de Feminicidios de la pasada legislatura del Congreso del Estado con las organizaciones de la sociedad civil de Chihuahua como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Justicia Para Nuestras Hijas y CEDIMAC y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, además de la Fiscalía Especializada de la Mujer y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Expresó que la falta de aplicación de estos mecanismos afecta en la clasificación del delito, es por ello que muchas muertes de mujeres no son consideradas como feminicidios, lo cual se debe a dos factores fundamentales: el primero es que se haya perpetrado por razón de género y el segundo depende del tipo penal de feminicidio que tenga la entidad.

El protocolo también busca evitar que se cometan errores graves como el caso del Campo algodonero que derivó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones.

Por lo cual este mecanismo que cumple con estandares internacionales servirá para que no se repitan estas situaciones y las víctimas y sus familias puedan acceder a la justicia.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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