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Cumbre de las Américas: las contradicciones de la «doctrina Obama»

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Seis años le tomó a Barack Obama cumplir la promesa de «superar el pasado» en las relaciones con América Latina que hizo en Trinidad y Tobago, cuando el flamante presidente estadounidense era la rutilante novedad de la política internacional.

Dos encuentros continentales después, en la 7ª Cumbre de las Américas en Panamá, Obama presenta el deshielo con Cuba anunciado en diciembre como la evidencia de que busca cambiar una dinámica que para muchos quedó anclada en la Guerra Fría.

Es la primera vez que Cuba asiste a uno de estos encuentros hemisféricos, que se estrenaron el 1994 en Miami -la capital del exilio cubano- promovido por el entonces presidente Bill Clinton con la expresa exclusión del vecino comunista del Caribe.

En el papel, el acercamiento entre Washington y La Habana va en línea con la diplomacia practicada por Obama desde que llegó al poder en 2009, en la que la negociación ha reemplazado la confrontación que caracterizó la de su predecesor George W. Bush.

Eso que algunos llaman la «doctrina Obama» -ensayada con resultados disparejos con Rusia, Siria, Irán o China- llega tarde a tierras americanas y aunque hasta ahora en el caso cubano se ha limitado a la retórica de las buenas intenciones, puede ayudar a desmontar décadas de desconfianza.

Sin embargo, un creciente foco de tensión se está gestando en el Caribe, ahora en Venezuela, y podría convertirse en piedra de tranca en las relaciones hemisféricas, al punto que algunos temen que pueda terminar dominando el encuentro panameño.

Las contradicciones

Para la Casa Blanca no hay una «doctrina Obama», sino un estilo diplomático.

Dentro de ese estilo todo cabe, incluso aparentes contradicciones, como profundizar roces con Venezuela mientras busca que la distensión con Cuba permita a Washington acercarse más a la región.

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ondea bandera de Venezuela
Al presidente Maduro el decreto de Obama le ha servido para movilizar apoyos dentro y fuera de Venezuela.

La reciente decisión de imponer sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y de paso calificar al país sudamericano de «amenaza para la seguridad nacional» causó desagrado en cancillerías latinoamericanas, incluso en algunas que no pueden considerarse como amigas de Caracas.

Lo que para algunos es un exceso de retórica burocrática ha resultado contraproducente para Washington, que quedó aislado en lo describe como un esfuerzo de promover el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

Maduro ha advertido que el lenguaje evidencia la intención de derrocar al gobierno, incluso mediante una «inminente» invasión militar, y ha usado la coyuntura para movilizar con éxito apoyos dentro y fuera del país.

La subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, lamentó que los gobiernos del continente no secunden a su gobierno y que reparen en cuestiones de una redacción que la misma funcionaria reconoció como «infeliz».

Cálculos internos

Pero en diplomacia las palabras tienen mucho peso.

Tras intentar explicar al calificativo, en las últimas semanas el gobierno estadounidense ha asegurado que, aunque el término busca satisfacer algún requisito legal, en realidad «no significa mucho».

Barack Obama a su llegada a Panamá para la Cumbre de las Américas
Para muchos, Washington ensaya con Venezuela el mismo camino que recorrió con Cuba en los años 50.

O al menos no significa lo que la gente cree que quiere decir.

El presidente Barack Obama le dijo a la agencia EFE este jueves que no creía que «Venezuela sea una amenaza para Estados Unidos, ni Estados Unidos para Venezuela».

Si Caracas no es una amenaza, ¿entonces se cometió un desliz de lenguaje?

«Es un lenguaje muy fuerte que no tenían por qué usar, pero hay que recordar que toda política es doméstica», dijo a BBC Mundo Erick Langer, director del centro de Estudios Latinoamericanos de la escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown en Washington.

Langer estima que la coincidencia cronológica entre las sanciones venezolanas y del deshielo cubano indican que la Casa Blanca está tratando de apaciguar a los factores dentro de EE.UU. molestos con el acercamiento con el gobierno de Raúl Castro.

«Es una contradicción aparente (con la «doctrina Obama»), pero abrirse con Cuba le permite a Obama apretar las cosas con Venezuela».

Cuando hablar no funciona

La vieja alianza entre Venezuela y Cuba ha hecho que desde hace muchos años algunos sectores estadounidenses pidan mano más dura con el «amigo del enemigo».

Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un centro de estudios hemisféricos de Washington, aseguró a BBC Mundo que «hubo mucha presión del Congreso» y que «la diplomacia del entendimiento no estaba funcionando» con Caracas.

Pese a episodios tensos con expulsión de embajadores y explosiones retóricas, en términos prácticos las relaciones entre ambos países siguen funcionando.

Obama
Algunos observadores creen que el gobierno de EE.UU. trata de compensar el deshielo con Cuba aplicando una política más agresiva con Venezuela (Foto: Getty).

Venezuela sigue destinando casi 800.000 barriles diarios de petróleo al mercado estadounidense y EE.UU se mantiene como su primer socio comercial.

La baja del precio del crudo y el debilitamiento del mercado interno venezolano por la escasez de divisas ha hecho que las cifras del intercambio bajaran en los últimos años de US$ 55.000 millones en 2012 a US$ 41.000 en 2014.

Esa importancia de Venezuela como proveedor y como mercado atractivo para las empresas estadounidenses hace menos comprensible para muchos la renovada dinámica de enfrentamiento.

Esta semana, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, advirtió a Washington que debe recordar todo el daño que causó a las relaciones continentales la política hostil hacia Cuba.

«Ahora parece como que quisieran cometer el mismo error con Venezuela. Semejante problema no debería repetirse».

Extraído de BBC Mundo

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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