Los hechos ocurrieron en una lavandería de Tlalpan.
Ciudad de México.- Sobre la piel de Ana, delgada y pegada a los huesos resaltan, como una varicela, las marcas de más de 400 golpes que recibió con tubos, palos, cables, planchas ardientes…, y en su cadera y cuello aún se notan líneas enrojecidas que le causaron las cadenas sujetadas a un tubo en la pared con la que sus captores la tenían esclavizada desde hacía dos años en un negocio de la colonia Lomas de Padierna, en Tlalpan.
Tal daño le provocaron a Ana, de 22 años de edad, que al rescatarla la Procuraduría capitalina, este fin de semana, encontró que sus órganos tienen un desgaste similar al de una persona de 81 años de edad, que sus riñones ya no le funcionan bien, que a su estómago le cuesta digerir, carece de ciclo menstrual, desaparecieron sus senos y padece anemia.
Desde que despertaba hasta pasada la medianoche debía lavar y planchar la ropa de ese negocio en Tlalpan. Si acababa las cargas de trabajo, recibía sobras de caldo de pollo o un plato de frijoles y tres tortillas. Tan poco le daban que la orillaban a comer bolsas de plástico de las que usaban como funda de la ropa planchada.
Si no terminaba, la sometían castigos: azotes con tubos metálicos, palos de escoba, cables de aparatos eléctricos, una piedra de molcajete… cualquier objeto era utilizado para golpearla en la cara, las piernas, las manos, el cuello, el pecho. Incluso le quemaban la espalda con la plancha caliente y cuando comenzaba a cicatrizar, le arrancaban las costras.
Este fin de semana agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) encontraron a Ana—cuyo nombre se cambió por su condición de víctima— luego de que escapó.
El personal de la Subprocuraduría Central, que encabeza Edmundo Garrido, la atendió, la ayudó y luego fue a buscar la casa donde estuvo presa.
Y ahí atraparon a José de Jesús Sánchez Vera, las hermanas Leticia y Fani Molina Ochoa y las hermanas Ivette y Jannet Hernández Molina. Ellos fueron quienes la maltrataron durante todo ese tiempo.
Ana nació en el Distrito Federal hace 22 años. Durante algún tiempo vivió en la calle. No tenía dónde dormir, tampoco padre ni madre. Por eso hace dos años llegó a casa de estas personas, buscando trabajo para subsistir.
“Ella lo único que buscaba era que le dieran un trabajo. Estaba buscando ganar dinero para poder tener con qué comer y un cuarto dónde dormir”, contó ayer uno de los mandos que encabezan las investigaciones de este caso.
Propietarios de un negocio de lavado y planchado de ropa en la colonia Lomas de Padierna le ofrecieron casa, comida y un sueldo. Al principio —recuerda Ana— todo fue normal. Pero con el paso del tiempo las cosas cambiaron.
“La acusaron de robarse ropa y objetos de la casa. Entonces empezaron a maltratarla y a golpearla”, explica la Fiscal para la trata de Personas de la Procuraduría del DF, Juana Camila Bautista.
Hubo ocasiones en las que pasaron hasta cinco días sin que le dieran de comer. En su desesperación, Ana usaba el agua destilada de las planchas para tratar de hidratarse; también arrancaba el hule con el que envolvían la ropa planchada y lo comía para mitigar el hambre.
La realidad es que eso le servía de muy poco. Los estudios hechos a su cuerpo revelan que el grado de desnutrición que presenta le da el aspecto físico de una niña de apenas 14 años de edad. Sus pechos desaparecieron y su ciclo menstrual también.
Los daños durante su cautiverio y los golpes que recibió hicieron que sus órganos y sus músculos tengan las fallas y el desgaste de un anciano de 81.
Sus dos riñones fallan y el estómago perdió capacidad de digerir. No puede mantenerse en pie por mucho tiempo y parece tener una infección en los pulmones, ya que le cuesta trabajo respirar.
En una ocasión intentó escapar de su cautiverio, pero no lo logró. Fue por eso que la encadenaron. Los golpes que recibió en aquella ocasión apenas la dejaban recostarse en el piso. Se dolía con tan sólo rozar la piel.
La PGJDF ya envió a la cárcel a las personas que la lastimaron tanto: las mujeres fueron trasladadas al penal femenil de Santa Martha Acatitla, y el único varón al Reclusorio Oriente.
A ella la mantienen protegida. Le están brindando ayuda física para poder rehabilitarse, y psicológica
para tratar en algunos meses de integrarla a la sociedad, aunque en realidad están preocupados y temen que su anemia y sus daños sean tan graves que pueda morir
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Energía, aseguró que la actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no provocará incrementos en el precio final de los combustibles a partir del 1 de enero. Las dependencias federales señalaron que el ajuste anual por inflación, previsto en la ley, será absorbido sin afectar a los consumidores, por lo que se mantendrá la estabilidad en las estaciones de servicio del país.
De acuerdo con la información oficial, esta decisión se sustenta en la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, vigente desde marzo de este año. El esquema contempla un acuerdo voluntario con empresarios del sector para establecer un tope máximo de 24 pesos por litro en la gasolina regular, conocida como magna o de menor a 91 octanos. El objetivo es evitar que las variaciones en los mercados internacionales de hidrocarburos impacten en la economía de las familias.
Las autoridades indicaron que el compromiso se mantendrá pese a la actualización del IEPS, por lo que el precio en bomba no deberá registrar cambios significativos al inicio de 2026. La administración federal subrayó que este mecanismo forma parte de una política para preservar la estabilidad económica y contener presiones inflacionarias en los energéticos.
En las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación se establece que el impuesto para la gasolina magna será de 6.70 pesos por litro, mientras que para la gasolina premium se fijó en 5.65 pesos y para el diésel en 7.36 pesos por litro. Hacienda precisó que estos montos responden únicamente a un ajuste técnico por inflación y no modifican los términos del acuerdo con los distribuidores de combustibles.
El gobierno federal informó que dará seguimiento puntual a los precios finales para verificar que se respete el tope acordado en las estaciones de servicio. Con ello, se busca despejar dudas sobre posibles aumentos al cierre de año y garantizar que el ajuste fiscal no se traduzca en un alza para los consumidores. Asimismo, se reiteró que cualquier cobro que supere los límites establecidos puede ser reportado ante la Procuraduría Federal del Consumidor.