Los hechos ocurrieron en una lavandería de Tlalpan.
Ciudad de México.- Sobre la piel de Ana, delgada y pegada a los huesos resaltan, como una varicela, las marcas de más de 400 golpes que recibió con tubos, palos, cables, planchas ardientes…, y en su cadera y cuello aún se notan líneas enrojecidas que le causaron las cadenas sujetadas a un tubo en la pared con la que sus captores la tenían esclavizada desde hacía dos años en un negocio de la colonia Lomas de Padierna, en Tlalpan.
Tal daño le provocaron a Ana, de 22 años de edad, que al rescatarla la Procuraduría capitalina, este fin de semana, encontró que sus órganos tienen un desgaste similar al de una persona de 81 años de edad, que sus riñones ya no le funcionan bien, que a su estómago le cuesta digerir, carece de ciclo menstrual, desaparecieron sus senos y padece anemia.
Desde que despertaba hasta pasada la medianoche debía lavar y planchar la ropa de ese negocio en Tlalpan. Si acababa las cargas de trabajo, recibía sobras de caldo de pollo o un plato de frijoles y tres tortillas. Tan poco le daban que la orillaban a comer bolsas de plástico de las que usaban como funda de la ropa planchada.
Si no terminaba, la sometían castigos: azotes con tubos metálicos, palos de escoba, cables de aparatos eléctricos, una piedra de molcajete… cualquier objeto era utilizado para golpearla en la cara, las piernas, las manos, el cuello, el pecho. Incluso le quemaban la espalda con la plancha caliente y cuando comenzaba a cicatrizar, le arrancaban las costras.
Este fin de semana agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) encontraron a Ana—cuyo nombre se cambió por su condición de víctima— luego de que escapó.
El personal de la Subprocuraduría Central, que encabeza Edmundo Garrido, la atendió, la ayudó y luego fue a buscar la casa donde estuvo presa.
Y ahí atraparon a José de Jesús Sánchez Vera, las hermanas Leticia y Fani Molina Ochoa y las hermanas Ivette y Jannet Hernández Molina. Ellos fueron quienes la maltrataron durante todo ese tiempo.
Ana nació en el Distrito Federal hace 22 años. Durante algún tiempo vivió en la calle. No tenía dónde dormir, tampoco padre ni madre. Por eso hace dos años llegó a casa de estas personas, buscando trabajo para subsistir.
“Ella lo único que buscaba era que le dieran un trabajo. Estaba buscando ganar dinero para poder tener con qué comer y un cuarto dónde dormir”, contó ayer uno de los mandos que encabezan las investigaciones de este caso.
Propietarios de un negocio de lavado y planchado de ropa en la colonia Lomas de Padierna le ofrecieron casa, comida y un sueldo. Al principio —recuerda Ana— todo fue normal. Pero con el paso del tiempo las cosas cambiaron.
“La acusaron de robarse ropa y objetos de la casa. Entonces empezaron a maltratarla y a golpearla”, explica la Fiscal para la trata de Personas de la Procuraduría del DF, Juana Camila Bautista.
Hubo ocasiones en las que pasaron hasta cinco días sin que le dieran de comer. En su desesperación, Ana usaba el agua destilada de las planchas para tratar de hidratarse; también arrancaba el hule con el que envolvían la ropa planchada y lo comía para mitigar el hambre.
La realidad es que eso le servía de muy poco. Los estudios hechos a su cuerpo revelan que el grado de desnutrición que presenta le da el aspecto físico de una niña de apenas 14 años de edad. Sus pechos desaparecieron y su ciclo menstrual también.
Los daños durante su cautiverio y los golpes que recibió hicieron que sus órganos y sus músculos tengan las fallas y el desgaste de un anciano de 81.
Sus dos riñones fallan y el estómago perdió capacidad de digerir. No puede mantenerse en pie por mucho tiempo y parece tener una infección en los pulmones, ya que le cuesta trabajo respirar.
En una ocasión intentó escapar de su cautiverio, pero no lo logró. Fue por eso que la encadenaron. Los golpes que recibió en aquella ocasión apenas la dejaban recostarse en el piso. Se dolía con tan sólo rozar la piel.
La PGJDF ya envió a la cárcel a las personas que la lastimaron tanto: las mujeres fueron trasladadas al penal femenil de Santa Martha Acatitla, y el único varón al Reclusorio Oriente.
A ella la mantienen protegida. Le están brindando ayuda física para poder rehabilitarse, y psicológica
para tratar en algunos meses de integrarla a la sociedad, aunque en realidad están preocupados y temen que su anemia y sus daños sean tan graves que pueda morir
Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso
Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».
Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.
Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».
En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.
Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.
«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.
«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».
El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.
Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».
En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.
También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.
La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.
«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.