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Dan 60 años de prisión a homicidas de Martín Colmenero y Francisco Aguilar

En este juicio se acreditó y demostró que terminaron con la vida de dos personas honradas y honestas”, expresó la agente del Ministerio Público durante la audiencia en la que se dictó una sentencia de 60 años de prisión, en contra de los homicidas de Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller.

Derivado de una sólida y compleja investigación, la Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo esta ejemplar condena en contra de Marcial Palma Chávez y Luis Carlos Beltrán García, al demostrar su autoría en el homicidio de los jóvenes militantes de un partido político.

El 21 de marzo del 2015, las víctimas acudieron a un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Versalles, ya que tenían conocimiento de que personas ajenas se habían apoderado de la vivienda de un familiar de ellos, sin ningún derecho.

Al llegar al lugar, los sujetos que se encontraban en el interior, golpearon y ataron de pies y manos a los afectados, a quienes posteriormente trasladaron en la cajuela de un vehículo hasta al kilómetro 27+2 de la carretera Libramiento Oriente, en donde fueron asesinados con un disparo en la cabeza.

Horas más tarde, fueron localizados los cuerpos sin vida de Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller, a los que también despojaron de sus pertenencias, identificaciones, tarjetas de débito y crédito.

“Los acusados invadieron un bien inmueble de un familiar de Colmenero Ledezma, siendo un reclamo legítimo de este último para sacarlos de ahí; el motivo que los llevó a delinquir y atentar en contra de la vida de las personas; el móvil fue fútil, absurdo e irracional… reaccionaron cometiendo un delito de mayor gravedad que el del contenido patrimonial”, argumentó la agente del Ministerio Público.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida inició con las indagatorias para ubicar y detener a los responsables, por lo que se verificaron los comportamientos telefónicos de las víctimas y se efectuaron múltiples entrevistas para obtener información.

Días después, los agentes ministeriales se percataron que se estaban realizando compras con las tarjetas de las víctimas en la ciudad de Parral, por lo que se montó un operativo en los lugares de los registros, además de analizar las cámaras de seguridad.

En los vídeos, se apreció que en varias compras había una camioneta Lincoln, Navigator color oscuro, que contaba con la característica de una calcomanía en la parte trasera; además, se obtuvo información a través de la cual se logró obtener el retrato hablado de uno de los imputados.

Con base a este dato, se depuró el padrón vehicular que contaba con estas particularidades; y el 07 de abril de ese mismo año, Policías Investigadores ubicaron el vehículo en el mismo fraccionamiento Versalles.

Ese día Marcial Palma Chávez y Luis Carlos Beltrán García transitaban por la misma zona a bordo de un vehículo Jeep, Liberty y al percatarse de la presencia de los Oficiales intentaron darse a la fuga; sin embargo, fueron detenidos, asegurándoles un arma larga, pasamontañas y droga.

Por lo anterior, quedaron a disposición de la Fiscalía; además se determinó que Palma Chávez, tenía las características físicas proporcionadas en el retrato hablado de uno de los involucrados.

Los agentes obtuvieron los movimientos cronológicos realizados con las tarjetas bancarias, así como evidencia con la cual se consiguió una orden de cateo para ingresar al domicilio de Marcial Palma Chávez, ubicado en ese Fraccionamiento.

En el lugar, fueron localizadas pertenencias, identificaciones destruidas y calcinadas de las víctimas; asimismo, Luis Carlos Beltrán García al momento de ser detenido, vestía la camisa de uno de los occisos, evidencias que fueron determinantes para robustecer la línea de investigación que se tenían.

“Hicieron diversos cargos con las tarjetas bancarias de las víctimas, incluso uno de ellos se atrevió a utilizar una prenda de vestir de Colmenero Ledezma, con lo que se demuestra que en ningún momento trataron de disminuir las consecuencias de sus actos, al contrario, trataron de simular una escena al estilo del crimen organizado con la intención de engañar a la autoridad”, expresó la representante social.

Hace unas horas, la Agente del Ministerio Público obtuvo la ejemplar sentencia condenatoria de 60 años en prisión en contra de Marcial Palma Chávez y Luis Carlos Beltrán García al acreditar fehacientemente la autoría de ambos en el crimen.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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