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Dan a conocer el primer delito en el espacio: astronauta hackeó a su ex

Dos asuntos como un divorcio y la custodia de un menor han traspasado la estratosfera, donde una astronauta ha podido cometer el primer delito en el espacio, al supuestamente intentar espiar los movimientos bancarios de su expareja, que ahora busca justicia.

Hasta hace unos días, la empresaria y exagente de Inteligencia de la Fuerza Aérea de EU, Summer Worden era una ciudadana anónima hasta que la reciente decisión de un juez le hizo sacar a la luz su caso.

En una conversación telefónica, Worden dijo que lleva 18 meses de pleitos con su expareja, la astronauta Anne McClain, en los que ha tratado de «hacer lo correcto y tener fe en el sistema judicial».

«Sin embargo hace un par de semanas, tuvimos una vista con el juez que concedió (a McClain) una primera ronda de visitas» a su hijo, narró Worden, para quien esto supuso una señal de alarma.

Ambas se conocieron en 2014 y a los pocos meses se casaron. Worden tenía ya un hijo, Briggs, de un año, cuya custodia intenta obtener ahora McClain tras la separación de ambas.

A lo largo del doloroso proceso de divorcio, Worden se dio cuenta de que McClain sabía datos sobre su vida que no tenía por qué conocer, ya que ambas habían cortado sus lazos personales tras la separación.

«El acceso a mis cuentas bancarias ocurrió en junio de 2019. Ella estaba en la Estación Espacial Internacional (EEI), y (fue) después de que lanzara una campaña legal, muy intimidatoria, para lograr la custodia de mi hijo», indicó Worden.

Y es que, resaltó, las relaciones estaban muy deterioradas y ni siquiera se hablaban después de que McClain hiciera que Worden fuera arrestada en septiembre de 2018, acusándola de «agresión», lo que finalmente fue desestimado por un tribunal seis meses después.

«Quería demostrar que yo era violenta para que me quitaran a mi hijo, pero no le funcionó», indicó.

Tiempo después, Worden comenzó a sospechar de que McClain estaba accediendo a sus cuentas en el banco de forma ilícita, y eso que se encontraba en el espacio.

«En ese momento, teníamos una orden (judicial) temporal que había sido negociada tras mi arresto, que establecía que yo tenía que notificar(le) ciertas cosas, como un cambio en la educación (del niño) o una visita al médico para recibir tratamiento», detalló.

Entonces, la astronauta la acusó de haber roto ese acuerdo alegando que Worden había llevado al menor al médico sin informarla.

«Pensé de dónde saca esa información -siguió la demandante-. Unos días antes recordé que había pagado una factura médica que recibí en el correo electrónico, y ahí comenzaron mis sospechas y me pregunté cómo entra en mis cuentas bancarias, porque además sabía algunos datos financieros míos».

Tras efectuar varias indagaciones, Worden descubrió que se había accedido a sus cuentas desde un computador de la NASA.

En su opinión, la motivación de McClain para actuar de esta manera fue espiarla y obtener información para luego perjudicarla en los tribunales.

Ante estos indicios, Worden presentó una queja a la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. y su familia pidió una investigación al Inspector General de la NASA.

«La NASA como organización es responsable de los astronautas», subrayó Worden, quien agregó que la Agencia Espacial está desarrollando actualmente una investigación sobre el caso.

«Si encuentran pruebas espero que adopten las acciones apropiadas, aunque también tienen la opción de no tomar acciones y taparlo todo, lo que sería decepcionante», reflexionó.

En un comunicado enviado a Efe, la Agencia Espacial Estadounidense ha defendido que «la teniente coronel Anne McClain ha consumado una carrera militar, volado en misiones de combate en Irak y es una de las principales astronautas de la NASA».

«Hizo un gran trabajo en su más reciente misión de la NASA a bordo de la Estación Espacial Internacional. Al igual que con todos los empleados de la NASA, la NASA no comenta sobre temas personales o de personal», dijo la organización.

Por su parte, McClain, que actualmente se encuentra en tierra, negó hace tres días en un tuit las acusaciones.

«Inequívocamente no hay ninguna verdad en esas afirmaciones. Hemos pasado por una separación personal dolorosa que ahora está desafortunadamente en los medios. Agradezco la gran cantidad de apoyo y me reservaré comentarios hasta después de la investigación», zanjó.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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