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México

Dan cinco años de cárcel a mexicana por proxenetismo en Florida

La ciudadana mexicana Carmen Cadena fue sentenciada a cinco años de cárcel por su papel en una red de prostitución que representó uno de loscapítulos másbrutales” de explotación sexual en Estados Unidos, dijeron autoridades.

Cadena, de 48 años, fue sentenciada por el juez federal estadunidense José E. Martínez, del Distrito Sur de Florida, informó el Departamento de Justicia.

Cadena se declaró culpable el pasado 26 de enero de conspiración criminal para traer mujeres mexicanas indocumentadas, algunas de sólo 14 años, a Estados Unidos, con falsas promesas de empleo.

Los miembros de la familia Cadena utilizaban luego la fuerza, agresiones sexuales y amenazas de dañar a las víctimas y sus familias para obligarlas a ejercer la prostitución en Florida.

Las mujeres trabajan hasta 12 horas al día, y seis días a la semana, y entregaban sus ingresos a los acusados con el fin de pagar presuntas deudas impuestas por haberlas llevado a Estados Unidos.

Cuando las víctimas intentaban huir, los miembros de la organización las buscaban y las sometían a palizas y violaciones, señaló el Departamento de Justicia.

Carmen fue extraditada en diciembre de 2014.

La justicia estadunidense ha acusado a 16 miembros de la organización desde 1998, y ha condenado a otros cinco, incluido el esposo de Carmen, Juan Luis Cadena Sosa, quien se declaró culpable en 2008 y recibió una pena de 15 años de prisión.

Un tío de la acusada, Rogerio Cadena, se declaró culpable en 1999 y recibió una pena de 15 años, y tres cuñados: Abel recibió 24 años en México, y Hugo y Rafael sendas condenas a 15 años en Florida.

Otros seis acusados se declararon culpables en el caso y uno de ellos fue sentenciado en una corte estatal por el asesinato de una persona a las afueras del burdel de los Cadena.

«La sentencia de hoy marca la culminación de nuestra larga lucha por la justicia en los últimos 16 años de las mujeres y las niñas cuyas vidas fueron destrozadas por las violaciones que sufrieron a manos de sus traficantes», dijo Vanita Gupta, asistente de la División de Derechos Civiles de la fiscalía.

Esta investigación puso fin a una organización familiar de tráfico sexual brutal y ayudó a crear conciencia sobre la trata de personas y la servidumbre involuntaria en forma de prostitución forzada», dijo George L. Piro, agente especial de la oficina del FBI en Miami.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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