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Dan pena y vergüenza excesos de legionarios, dice el nuncio apostólico

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Tras los escándalos de una “herencia maldita” de pederastia en la congregación de los Legionarios de Cristo, que comenzó con su fundador, Marcial Maciel, la Iglesia Católica reconoció que los casos provocan pena y vergüenza.

Nos da muchísima pena y vergüenza que esto haya pasado, tratamos de hacer que esto no pase nunca más”, aseguró en entrevista el Nuncio Apostólico en México, Franco Coppola.

El religioso subrayó que estos casos obligan a la Iglesia a tomar conciencia de la necesitad de prestar mayor atención a la formación humana y espiritual, inicial y permanente de los aspirantes a la vida presbiteral o religiosa.

Esto -acotó- sin dejar de lado que por medio de estos dolorosos hechos, la Iglesia Católica tomó con mayor seriedad y compromiso su responsabilidad de acompañar a las víctimas de un modo paterno y cercano.

Coppola indicó que entre los laicos, el desprestigio por los casos de pederastia “ha sido enorme”, y con respecto a la comunidad católica, aseguró que “conocen y frecuentan a sacerdotes, tienen la experiencia directa de que su sacerdote no es así”.

Además, sobre la dimisión de Fernando Martínez Suárez, quien durante su ministerio abusó de al menos seis niñas de entre seis y 11 años, a inicios de los 90, indicó que los Legionarios deberían tener todo el interés en transparentar el caso.

Sostuvo que la Iglesia, cuando haya denuncias, va investigar: “pero hay que comprender que las normas relativas a las investigaciones para el delito de encubrimiento son muy recientes”.

Para el Nuncio Apostólico, la permanencia de Martínez Suárez entre los Legionarios es una medida para asegurar un mejor control sobre el exsacerdote.

Pues, recordó, hubo otros casos entre los miembros de la congregación que fueron dimitidos del estado clerical y expulsados de la organización.

Empero, el resultado fue que dichas personas, libres se volvieron prófugos y la justicia civil no ha podido castigarlos como se debe, refirió.

Fuente: Agencias

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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