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Dan prisión preventiva a taxista que arrolló a mexicanas en Rusia

Un tribunal de Moscú ordenó hoy prisión preventiva de dos meses para el taxista que el pasado sábado invadió con su vehículo una acera en el centro de la capital e hirió a ocho peatones, entre ellos dos aficionadas mexicanas llegadas para la Copa del Mundo.

Ordenamos satisfacer la demanda de la investigación de establecer una medida cautelar contra Chinguiz Anarbek, de dos meses de arresto, hasta el 16 de agosto», dijo la jueza Natalia Larina.

El taxista, un kirguiz de 28 años, reconoció antes su culpa ante un juez y pidió perdón a los afectados.

Pido perdón por todo lo que hice. Estoy muy arrepentido por lo ocurrido, reconozco plenamente mi culpa y pido perdón a todos los afectados», dijo el taxista al comparecer ante el tribunal.

El taxista contó a través de un intérprete que «no había dormido durante dos días» y que por ello confundió «el freno con el acelerador», al igual que había dicho este fin de semana ante la policía durante el interrogatorio.

No dormí porque tengo que alimentar a una familia y ganar dinero», dijo también el acusado, que va a ser sometido a un examen para comprobar sus facultades mentales.

El suceso, ocurrido el sábado en una calle junto a la Plaza Roja de Moscú, causó conmoción entre las numerosas personas que se encontraban en la zona, abarrotada de aficionados de muchos países llegados para el Mundial.

Entre los ocho heridos hay dos mujeres mexicanas, que no requirieron de asistencia ya que apenas sufrieron unas contusiones, según confirmó la Embajada de México.

Las otras personas heridas son azerbaiyanos, rusos y un ucraniano.

Al día de hoy, siguen hospitalizados tres heridos, todos rusos, cuyo estado es «satisfactorio y serán pronto dados de alta», señaló una fuente sanitaria.

Tras su detención, el hombre contó que había perdido el control del vehículo.

Pero un video del momento del atropello difundido por medios y en las redes sociales provocó rumores de que pudiera tratarse de un acto intencionado, ya que se ve cómo el taxi, que estaba parado detrás de varios coches debido al tráfico, arranca de pronto y hace un brusco giro a la derecha subiéndose a la acera y atropellando a todos lo que andaban por allí.

Después el taxista sale del coche y es perseguido por numerosos viandantes.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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