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Daniel Ortega califica de «terrorismo» los disturbios civiles en Nicaragua y se niega a renunciar

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, describe las mortales protestas civiles que se desatan en su país como «terrorismo» y rechaza los pedidos de dimisión para calmar los enfrentamientos.

Hablando en exclusiva con Bret Baier de Fox News este lunes, Ortega culpó de la violencia a los grupos paramilitares financiados por el tráfico de drogas, grupos de oposición e incluso a Estados Unidos. Dijo que están atacando a la Policía, a su Gobierno y a familias sandinistas leales.

Ortega agregó que ha habido una «campaña de mentiras, mentiras terribles, para tratar de dañar la imagen de Nicaragua y de su Gobierno».

Grupos de derechos humanos dicen que al menos 286 personas han muerto desde que comenzaron los disturbios a mediados de abril, cuando el Gobierno anunció cambios controvertidos en el sistema de seguridad social, iniciando las protestas callejeras más grandes que Nicaragua ha visto desde su guerra civil en 1990.

La respuesta autoritaria del Gobierno a las manifestaciones encendió un movimiento nacional que exigía la renuncia del presidente.

Cuando Baier lo presionó sobre si dejaría el cargo para «poner fin a la violencia y ayudar a su país», Ortega se negó y dijo que fue elegido democráticamente.

También descartó celebrar elecciones anticipadas, que los mediadores de la Iglesia católica habían pedido para calmar la crisis, diciendo que «crearía inestabilidad e inseguridad y empeoraría las cosas». El tercer mandato consecutivo de Ortega no está programado para finalizar hasta el 2021.

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«No estamos hablando de ninguna dinastía. Nunca se me ocurrió establecer una dinastía», dijo Ortega, defendiendo su presidencia y el papel de su esposa como vicepresidenta.

Ortega también negó rotundamente los recientes informes de manifestantes asesinados dentro de una iglesia.

«Ningún nicaragüense ha muerto en ninguna iglesia. Eso es falso», dijo Ortega, que también rechazó las afirmaciones de que ha tratado de socavar a la Iglesia católica, al ver que respalda las protestas.

La Iglesia católica ha estado sirviendo como mediadora en las conversaciones estancadas entre el Gobierno y los manifestantes.

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Cuando se le preguntó cuál era su mensaje a Estados Unidos, Ortega dijo: «La historia de nuestra relación con Estados Unidos ha sido dolorosa, no quiero repetirla».

«Merecemos respeto ya que cualquier estado de Estados Unidos merece respeto sin importar cuán pequeño sea ese estado de la unión. Somos un país en este hemisferio, en esta parte del mundo y tenemos fuertes vínculos de todo tipo con el pueblo estadounidense», agregó Daniel Ortega.

CNN

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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