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Darán 661 millones a cada candidato presidencial

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Los candidatos presidenciales tendrán como tope de gastos de campaña, 232 millones de pesos más que lo que tuvieron los abanderados en 2018, según las cifras que aprobó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, las cuales serán avaladas mañana, en Consejo General.

Para 2024, el tope de gastos para una campaña presidencial será de 660.9 millones de pesos, mientras que en 2018 fue de 429 millones, por lo que el alza fue de poco más de 50 por ciento.

La ley estipula que el tope máximo de gastos de campaña será equivalente al 20% del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial.

Para las precampañas, que inician en noviembre próximo, se establecieron 85.9 millones de pesos por precandidato, mientras en 2018 fue de 67.2 millones, es decir, aumentó 18.7 millones de pesos, un incremento de poco más de 27 por ciento.

La ley establece que el tope para gastos de candidatas y candidatos presidenciales para precampaña será el equivalente al 20% del establecido para las campañas inmediatas anteriores.

En 2018, Ricardo Anaya reportó un gasto de 350 millones de pesos; José Antonio Meade, 302 millones; López Obrador, 100 millones de pesos, y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, 29.5 millones de pesos.

El punto no fue discutido por las y los consejeros, tampoco por los representantes de los partidos políticos.

Límites para curules y escaños

Las precampañas para diputaciones tendrán un tope por persona de 329 mil 638 pesos y las campañas, de 2.2 millones de pesos.

Para senadores, la cifra de tope de gastos de campaña varía según la entidad por la que se contenderá.

Los montos más grandes se darán en el Edomex, CDMX, Jalisco y Veracruz, entidades donde rebasarán los 40 millones de pesos por candidatura.

En BCS, Colima y Campeche, las candidaturas a senadurías tendrán poco más de cuatro millones de pesos para sus campañas, las más bajas del país.

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Sube el salario mínimo y aprieta a las PyMES: piden apoyos para evitar despidos y alza de precios

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El incremento del 13 por ciento al salario mínimo, que entró en vigor al inicio de 2026, representa un avance importante para la recuperación del poder adquisitivo de las familias, pero también plantea un desafío significativo para las pequeñas y medianas empresas, advirtió el maestro Isaac González Granados, docente de la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El especialista reconoció que el aumento es una medida positiva desde el punto de vista social, al permitir que los trabajadores enfrenten mejor el costo de vida. Sin embargo, subrayó que las decisiones económicas tienen efectos en cadena y no ocurren de manera aislada.

Explicó que mientras las grandes empresas suelen tener mayor capacidad para absorber el incremento en la nómina, las PyMES enfrentan un escenario mucho más complejo. Negocios como tiendas de barrio, talleres o comercios locales podrían verse presionados si sus costos laborales aumentan sin que exista un crecimiento proporcional en sus ventas.

De no existir apoyos, alertó, esta situación podría traducirse en un alza de precios para los consumidores o, en el peor de los casos, en recortes de personal, afectando tanto al empleo como a la estabilidad económica local.

Ante este panorama, González Granados hizo un llamado a no dejar solas a las pequeñas empresas y a impulsar medidas de acompañamiento por parte de las autoridades, como subsidios temporales a las cuotas de seguridad social o periodos de gracia en el Impuesto Sobre Nómina.

Este tipo de apoyos, explicó, permitirían amortiguar el impacto inicial del aumento salarial mientras las empresas ajustan su productividad y modelo financiero, generando un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la viabilidad del sector productivo local.

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