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Darán 661 millones a cada candidato presidencial

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Los candidatos presidenciales tendrán como tope de gastos de campaña, 232 millones de pesos más que lo que tuvieron los abanderados en 2018, según las cifras que aprobó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, las cuales serán avaladas mañana, en Consejo General.

Para 2024, el tope de gastos para una campaña presidencial será de 660.9 millones de pesos, mientras que en 2018 fue de 429 millones, por lo que el alza fue de poco más de 50 por ciento.

La ley estipula que el tope máximo de gastos de campaña será equivalente al 20% del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial.

Para las precampañas, que inician en noviembre próximo, se establecieron 85.9 millones de pesos por precandidato, mientras en 2018 fue de 67.2 millones, es decir, aumentó 18.7 millones de pesos, un incremento de poco más de 27 por ciento.

La ley establece que el tope para gastos de candidatas y candidatos presidenciales para precampaña será el equivalente al 20% del establecido para las campañas inmediatas anteriores.

En 2018, Ricardo Anaya reportó un gasto de 350 millones de pesos; José Antonio Meade, 302 millones; López Obrador, 100 millones de pesos, y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, 29.5 millones de pesos.

El punto no fue discutido por las y los consejeros, tampoco por los representantes de los partidos políticos.

Límites para curules y escaños

Las precampañas para diputaciones tendrán un tope por persona de 329 mil 638 pesos y las campañas, de 2.2 millones de pesos.

Para senadores, la cifra de tope de gastos de campaña varía según la entidad por la que se contenderá.

Los montos más grandes se darán en el Edomex, CDMX, Jalisco y Veracruz, entidades donde rebasarán los 40 millones de pesos por candidatura.

En BCS, Colima y Campeche, las candidaturas a senadurías tendrán poco más de cuatro millones de pesos para sus campañas, las más bajas del país.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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