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Darán hasta seis años de cárcel a quién agreda a personal de salud en Oaxaca

Con el objetivo de terminar las agresiones contra personal de salud durante la pandemia por el Covid-19, el congreso de Oaxaca de la LXIV legislatura local aprobó este miércoles la reforma al Código Penal en los artículos 412 Bis y 187 Bis, que castiga hasta con seis años de prisión a quien violente al personal de la salud incluidos desde médicos hasta de limpieza y mantenimiento.

Con esta reforma, el estado de Oaxaca se convierte en la primera entidad mexicana en sancionar una agresión o un daño al personal. Ahora solo falta esperar la publicación en el Periódico Oficial de Oaxaca.

Las dos modificaciones al Código Penal de Oaxaca dicen a la letra:

“Artículo 412 Bis: Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas durante el período que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria en contra de cualquier personal de salud, sean médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionistas similares y auxiliares, la pena se incrementará en una mitad”.

“Artículo 187 Bis: Cuando las conductas a que se refiere el artículo anterior, sean cometidas en contra de cualquier servidor público que pertenezca al Sistema Estatal de Salud durante el período que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más, además de la que le corresponda por el delito cometido”.

Esta propuesta fue iniciativa de los diputados morenistas, Pável Meléndez Cruz y César Morales Niño, quienes resaltaron que es importante que la comunidad oaxaqueña respete a las heroínas y héroes de la salud.

“A las médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, a todos los que cuidan y ayudan en la limpieza de los hospitales; ustedes que son heroínas y héroes de la salud, que están en la línea de combate contra el coronavirus, decirles que el Congreso está de lado suyo”, expresó Meléndez Cruz.

El legislador señaló no se pueden tolerar conductas discriminatorias contra personal de salud, toda vez que atentan contra la debida prestación de los servicios médicos y trasgrede el derecho a la salud reconocido a nivel constitucional.

Finalmente, reconoció el apoyo de todas las fuerzas políticas que integran el pleno por respaldar esta propuesta en beneficio del sector salud, misma que entrará en vigor una vez que se haya publicado en el Periódico Oficial de Oaxaca.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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