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México

De al menos 5.39 por ciento la tasa de desocupación en agosto

La tasa de desocupación en el país fue deen agosto pasado, cifra menor al 5.79 por ciento reportado en igual mes de 2011, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con cifras preliminares, el organismo destaca también que la población subocupada (que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas) representó 8.4 por ciento de la población ocupada, proporción inferior al 9.0 por ciento de agosto del año pasado.

Señala que 60.18 por ciento de la población de 14 años y más es económicamente activa (ocupada o busca estarlo), mientras que 39.82 por ciento se dedica al hogar, estudia, está jubilado o pensionado, tiene impedimentos personales o realiza otras actividades (población no económicamente activa).

Destaca que con los datos preliminares de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada alcanzó 94.61 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en agosto de 2012.

De ese total, abunda, 66.2 por ciento opera como trabajador subordinado y remunerado con una plaza o puesto de trabajo, 4.5 por ciento son patrones o empleadores, 22.9 por ciento trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados, y 6.4% tiene negocios o parcelas familiares.

Por sector de actividad, indica que en Servicios se concentró 41.8 por ciento del total de ocupados, en Comercio 19.8 por ciento, en Industria Manufacturera 15.7, en Actividades Agropecuarias 13.8, en Construcción 7.4, en “Otras Actividades Económicas” (que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas) 0.8 por ciento y el restante 0.7 por ciento no especificó su actividad.

Por sexo, el INEGI precisa que la tasa de desocupación en los hombres disminuyó de 5.53 a 5.30 por ciento entre agosto de 2011 e igual mes de 2012, y la de las mujeres bajó 6.22 a 5.54 por ciento en igual lapso.

Subraya que 24.7 por ciento de los desocupados no completó los estudios de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron al 75.3 por ciento.

Con datos desestacionalizados, el organismo informa que en agosto de este año la tasa de desocupación fue de 4.93 por ciento de la PEA, nivel superior en 0.14 puntos porcentuales comparado con julio previo.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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