México, DF. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no puede declarar válida la elección del pasado primero de julio, ya que estaría violando la Constitución, toda vez que hay pruebas suficientes de que el candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto, rebasó con mucho el tope de campaña, debido a que “hubo dinero a raudales” para la compra del voto, del que no se sabe su origen, y bien pudo provenir de recursos públicos de los estados o del narcotráfico, advirtió el senador electo Manuel Bartlett Díaz, quien fue postulado por el Partido del Trabajo (PT).

En entrevista con La Jornada, el ex secretario de Gobernación y ex legislador priísta consideró que Andrés Manuel López Obrador está absolutamente apegado a la legalidad al lanzar su Plan Nacional de Defensa de la Democracia y la Dignidad de México, toda vez que como candidato tiene no sólo el derecho, sino la obligación de regresar con su electorado a informar de los recursos jurídicos que ha interpuesto en busca de anular la elección del primero de julio.

Sobre todo, recalcó, “frente a una intensa campaña de desprestigio en la gran mayoría de los medios de comunicación, que buscan manipular a la opinión pública y presentar a López Obrador como un mal perdedor”.

Resaltó que cada paso del candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista –integrado por PRD, PT y Movimiento Ciudadano– es motivo de “una lluvia de descalificaciones”.

Las evidencias que ha presentado la coalición sobre el lavado de dinero en la campaña de Peña Nieto, así como “la grotesca triangulación de recursos”, pasan inadvertidas o son desvirtuadas en estaciones de radio y televisión, “dedicadas de lleno a proteger los intereses del grupo dominante”, agregó.

Ante esa “manipulación” evidente, recalcó, es necesario que López Obrador recorra el país e informe a sus simpatizantes las acciones que realiza, sobre todo porque gran número de mexicanos están indignados, “pero sus voces no se escuchan”.

Las descalificaciones y la campaña negra contra el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal se van a incrementar, porque los poderes fácticos, que a toda costa quieren llevar a Peña Nieto a la Presidencia, “lo que quisieran es que se aislara y les dejara el camino libre para continuar con la manipulación”, advirtió.

Bartlett, quien se prepara para integrarse por segunda vez al Senado –la primera fue en 2000, durante el sexenio de Vicente Fox–, recalcó que la vinculación entre López Obrador y sus votantes sigue siendo muy sólida.

“Son electores que están exigiendo información, justicia electoral y democracia verdadera”, por lo cual, reiteró, es indispensable el nuevo plan presentado por el tabasqueño.

Durante la entrevista insistió en que el TEPJF debe apegarse a la Carta Magna, respetarla y hacer respetarla, en el caso del proceso electoral recién concluido. A su juicio, los magistrados que integran ese tribunal no pueden declarar válidos unos comicios que fueron ilegales.

“El tribunal está obligado a llevar a cabo una investigación a fondo y no repetir los legalismos y omisiones en que incurrió el Instituto Federal Electoral (IFE)”, señaló. Recalcó que no se pueden ocultar las evidencias de que Peña Nieto rebasó, desde el mismo primer día de su campaña, el tope de 360 millones de pesos.

A diario surgen evidencias

Tampoco es posible encubrir operaciones poco claras por medio de las tarjetas Soriana y los monederos electrónicos de Monex, apuntó.

“A diario siguen surgiendo pruebas de que la campaña de Peña Nieto fue financiada con dinero ilegal, cuyo origen no se conoce y que podría provenir no sólo de fuentes privadas, sino ocultas, y debiera motivar la inmediata intervención de la Procuraduría General de la República para detectar si se trata de lavado de recursos del narcotráfico. ¿Por qué no? Es una hipótesis que no debe descartarse, si no sabemos de donde provino ese caudal millonario con que se financió al candidato priísta.”

Puede haber también recursos públicos de los gobiernos de las entidades federativas, ya que ha quedado al descubierto la participación de mandatarios estatales priístas en la compra de votos.

Bartlett resaltó que cabe preguntarse qué porcentaje de los 75 mil millones de pesos que se condonaron en impuestos a grandes empresarios y consorcios fueron a parar también a la campaña de Peña Nieto.

Lo que ha ocurrido en este proceso habría motivado en cualquier otro país un escándalo, la anulación de la elección y sanciones hasta penales para quienes lavaron dinero, pero aquí “lo que hacen es atacar a quien presenta las denuncias, da evidencias y pide que se investiguen las irregularidades”, expresó.

Deploró la actitud mostrada hasta el momento por las autoridades electorales. Un IFE que cuenta con una estructura que cuesta miles de millones de pesos y “nada hizo” por impedir que “el dinero” definiera los comicios y dejó pasar los gastos exorbitantes del candidato priísta, desde el inicio hasta el final de la campaña.

Criticó también las declaraciones que formuló el presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, quien sostuvo que “lo que no se gana en las urnas no se gana en la mesa.

“Es imperdonable. Un juez no puede prejuzgar, sobre todo cuando la discusión no es lo que pasó en las urnas, sino fuera de ellas”, abundó.

Días después otro magistrado salió a decir que se necesita probar todo y no hay pruebas, y claro que las hay, “pero no la quieren ver”.

Se instauraría plutocracia

Insistió en que el tribunal no puede evadir que dos de las principales fuerzas que contendieron, los partidos del Movimiento Progresista y el Partido Acción Nacional, han presentado denuncias concretas, con elementos probatorios sobre presunto lavado de dinero en Monex.

Tanto el PAN como el PRD y el propio presidente Felipe Calderón han declarado que hubo irregularidades, dijo. “Hoy por hoy, y a pesar de la campaña de manipulación mediática, es un hecho que la elección no fue limpia, que está vulnerada”.

Si el TEPJF no toma en cuenta eso, estaría pasando por encima de la Constitución y colaborando a la instauración de la plutocracia en México, reiteró.

Recordó que en la elección de 2000 se responsabilizó al IFE de dejar pasar el financiamiento ilegal en la campaña de Vicente Fox, y a las actuales autoridades electorales se les puede hacer el mismo reclamo, sobre todo cuando el presidente del instituto, Leonardo Valdés, asegura que “no vieron nada”.